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Los grandes medios de comunicación del mundo, especialmente de EE.UU., se han hecho eco de esta realidad, pero con una propaganda que cuenta solo una parte de la historia. 

Nadie cuestiona, ni siquiera las autoridades colombianas, el rol de Colombia como uno de los principales suministradores de estupefacientes de Norteamérica. Sin embargo, el discurso impuesto desde los grandes centros de poder global omite que las autoridades de EE.UU. hacen muy poco para reducir la demanda y someter a importantes carteles mafiosos, tanto de México como del propio EE.UU., que controlan el mercado y el lavado de dinero en ese país.

Un negocio lucrativo que inyecta al sistema financiero estadounidense miles de millones de dólares al año.

Esta sola causa sería suficiente para explicar por qué el asunto de los cultivos ilícitos y la producción de drogas en Colombia no ha tenido solución. El narcotráfico en ese país sigue impactando en la vida diaria colombiana a pesar de los acuerdos firmados entre los gobiernos: colombiano y estadunidense, y por más que la DEA, con sus infinitos recursos, se sienta como en casa en Colombia.

Pero esta no es la única causa. Las condiciones sociopolíticas colombianas, marcadas por una desigualdad monumental y una injusta concentración de la propiedad de la tierra, con tintes feudales; unido a un sistema político clientelar y antidemocrático por naturaleza, mediado por 6 décadas de conflicto armado entre guerrillas y el Estado, y una economía neoliberal, han sido el mejor caldo de cultivo para convertir a Colombia en el mayor productor de cocaína de la región.

 

¿Se reinicia el ciclo?

A pesar de las más de 210 mil hectáreas de coca sembradas en Colombia y del aumento de la producción de cocaína en el último año, las élites políticas colombianas con el apoyo de los medios de prensa y comunicación, habían logrado dejar atrás la idea del narcotráfico incrustado en la vida política del país. Sin embargo, en febrero y marzo de este año, dos noticias confirmaron que el narcotráfico se sigue sirviendo a la carta en el país.

 

El Narco-embajador

La primera de ellas fue el descubrimiento en febrero de tres laboratorios para producción de cocaína en una finca del actual embajador de Colombia en Uruguay,  Fernando Sanclemente. Además del laboratorio, se encontraron más de 6 mil kilogramos de sustancias químicas para el procesamiento de cocaína, 9.4 kilogramos de este producto y pasta de coca para mantener la producción.

Paradójicamente, el embajador, quien pidió licencia –no renunció-, no ha sido arrestado y, sin presión mediática alguna, debe estar preparando su defensa.

No es de extrañar el silencio mediático ni la confianza del gobierno y de la justicia colombianos en la inocencia de Sanclemente. El ahora embajador es un viejo amigo del expresidente Álvaro Uribe y miembro de la clase política conservadora. En su expediente figura que fue director de la Aeronáutica Civil, cargo que también ocupó Uribe en los tiempos de Pablo Escobar.

Como director de la Aeronáutica Civil, Sanclemente dictaminó que la muerte de Pedro Moreno, quien fuera secretario de gobierno de Uribe en sus tiempos como Gobernador de Antioquia, fue un accidente y no un homicidio, como testificara una funcionaria de esta entidad, quien aseguró que el helicóptero siniestrado fue manipulado. De más está decir que esta señora resultó asesinada tras ofrecer tan preocupante testimonio.

 

La Ñeñepolítica

A comienzos del mes de marzo, unos periodistas colombianos con evidentes conexiones en importantes instituciones colombianas, revelaron la existencia de varios audios que relacionan a Guillermo Hernández, alias “Ñeñe”, con operaciones de compra de votos para la campaña presidencial del actual mandatario colombiano, Iván Duque.

Los audios fueron parte de los resultados de una investigación que se seguía contra el Ñeñe Hernández por homicidio y vínculos con el narcotráfico. El informe investigativo fue presentado en la Fiscalía en junio de 2018, apenas unas semanas después de las elecciones presidenciales en las que resultó ganador Iván Duque y en cuya ceremonia de posesión estuvo presente, en un lugar privilegiado, el Ñeñe Hernández.

Casualmente, en mayo de 2019 el Ñeñe Hernández fue asesinado en Brasil en un intento de robo, el mismo mes en que renunciaría el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, quien ha asegurado que no tuvo conocimiento alguno de la investigación que se seguía contra el Ñeñe. 

Sin embargo, un mes después de la muerte del Ñeñe, la Fiscalía y la Policía colombianas iniciaron un proceso de incautación de bienes del Ñeñe por valor de casi 300 millones de dólares entre autos, inmuebles, empresas e incluso el terreno que sería usado para ampliar el aeropuerto de Cartagena. Tamaña operación no pudo ser desconocida por el exfiscal general Néstor Humberto Martínez.

Volviendo a los audios filtrados, es evidente que el Ñeñe estaba en una clara operación de compra de votos para favorecer a Iván Duque. En ellos se registran conversaciones con una señora que ha sido identificada como María Claudia Daza, quien hasta hace unos días era una de las principales asesoras del hoy senador Álvaro Uribe. La señora Daza renunció a su puesto como asesora del senador y según medios de prensa colombianos, viajó a EE.UU. ¿A qué le teme?

Lo que ha seguido es una hecatombe de acusaciones y negaciones de diferentes sectores. Desde una parte de la prensa y desde las filas opositoras al actual gobierno siguen saliendo evidencias de las relaciones estrechas e íntimas del narcoganadero Ñeñe Hernández con el actual presidente, el senador Uribe y altos mandos militares. A pesar del coronavirus, la oposición está insistiendo en la necesidad de que se investiguen estos vínculos y la evidente entrada de dineros sucios a la campaña presidencial de Iván Duque.

Por su parte, el presidente Duque, el senador Uribe y el resto de los implicados, negaron cualquier vínculo con el Ñeñe, minimizando las fotografías y audios de fiestas, banquetes y otras actividades en las que el Ñeñe no era un invitado más. 

La justicia colombiana tiene ante sí un gran dilema, nada nuevo en la vida política del país.

El actual Fiscal General es íntimo amigo del presidente y muchos dudan de su imparcialidad frente a este caso. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia también es objeto de críticas por sus demoradas investigaciones; mientras que el Consejo Nacional Electoral, llamado a investigar las irregularidades electorales, es un ente politizado. 

Tal vez en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sea donde más se avance, pero tampoco llegarán a lo que muchos desean: la renuncia o destitución de Duque y la muerte política de Uribe. No pasará, porque además de conocer los entuertos y secretos de la política colombiana, a Uribe nunca le ha temblado la mano para decidir la suerte de sus contradictores.

Ya los periodistas que destaparon este escándalo han denunciado ser víctimas de amenazas de muerte, acoso y persecución. Cosas de la narcodemocracia colombiana.