En un escrito que ha publicado este viernes sobre sus conclusiones provisionales respecto a los 18 líderes separatistas procesados, la Fiscalía española solicita 25 años de prisión e inhabilitación absoluta para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por el delito de “rebelión” y “malversación de caudales públicos” en el proceso de la independencia de Cataluña.

Además, reclama 17 años de cárcel para la expresidenta del parlamento autonómico catalán Carme Forcadell y los exdirigentes de la asociación Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, como “promotores” de la “rebelión”.

Solicita también 16 años de cárcel por “rebelión y malversación” para Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, exconsejeros del destituido presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y pide penas de siete años por malversación para otros integrantes del Govern.

Todos están en prisión preventiva, salvo Puigdemont, que se encuentra autoexiliado en Bélgica y está excluido, de momento, de las solicitudes de la Fiscalía, que acusa además de rebelión al exjefe de la Policía regional catalana (los Mossos d’Esquadra), Josep Lluís Trapero, para el que pide 11 años de cárcel.

“El plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluía (...) la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”, dice el escrito de la Fiscalía española.

El abogado de Puigdemont, Jaume-Alonso Cuevillas, tras considerar el texto un despropósito, aseveró que los delitos y acusaciones descritos por la Fiscalía “no tienen nada que ver” con lo ocurrido en Cataluña en octubre de 2017, cuando se celebró un referéndum sobre una posible independencia de esa parte de España.

Tras la victoria del sí en el plebiscito —con la abstención casi general de los catalanes contrarios a la secesión— y la posterior declaración de independencia de Cataluña ese mismo mes, el Gobierno español, presidido entonces por Mariano Rajoy, cesó ‎al gobierno autonómico en pleno, aplicando el artículo 155 de la Constitución de la República.

El 2 de octubre, el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, dio un ultimátum de un mes al Ejecutivo español para que formule una propuesta para aplicar “el derecho de autodeterminación” de Cataluña, si bien esta advertencia fue rechazada por el actual presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.