Condena a asesino de Víctor Jara abre el camino para encontrar la plena justicia
La sentencia dictada contra el exteniente chileno Pedro Barrientos, acusado del asesinato del cantautor Víctor Jara, abrió el camino para continuar la indagatoria sobre lo acontecido en Chile durante el golpe militar en 1973.
Un jurado federal en Orlando, Florida, condenó a Barrientos como responsable de la tortura y ejecución extrajudicial del popular músico, poeta, y activista político chileno, en los primeros días de la dictadura militar del general Augusto Pinochet.
La Fiscalía ordenó al acusado pagar 28 millones de dólares a la familia de Jara, para saldar los daños y prejuicios provocados por el crimen, y dejó abierta una puerta para que el criminal pueda ser extraditado a Chile, en caso de otras demandas judiciales en su contra.
Barrientos queda pendiente -en su país natal- de una demanda establecida por el juez Miguel Vázquez, quien dictó diferentes cargos que van desde homicidio y secuestro calificado, secuestro simple y encubrimiento, también vinculados a la muerte del trovador chileno.
El represor, de 67 años de edad, está naturalizado como ciudadano de Estados Unidos. Vive en ese país desde 1989. Según los registros de los servicios de inmigración estadounidenses, el exmilitar chileno no declaró su vinculación con las fuerzas armadas golpistas, ni su participación en los procesos de torturas y asesinatos en el estadio de Santiago de Chile.
La demanda civil, presentada por Joan Jara, viuda del cantante chileno, y sus hijas Manuela y Amanda, estuvo representada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), organización legal con sede en San Francisco, California, y el bufete de abogados Chadbourne & Parke, de Nueva York.
La querella contra Barrientos se llevó a las cortes en 2013. Durante el proceso judicial, Barrientos negó conocer al popular cantautor y haber estado en el estadio santiaguino, convertido en centro de torturas, en el momento del asesinato.
La fiscalía rebatió los argumentos del exoficial, a partir de testimonios grabados en Chile de seis exsoldados leales a la junta militar encabezada por Pinochet, quienes aseguraron haberlo visto en las instalaciones deportivas al menos 20 veces entre esos días.
Según la declaración del exsoldado José Navarrete Barra, Barrientos llegó a jactarse del crimen que había cometido.
Por su parte, Almudena Bernabéu, abogado del CJA, y que dirigió la investigación del caso, afirmó estar profundamente satisfecha con el veredicto. Pero agregó que ello no es el fin, sino un comienzo para trabajar hacia la extradición o expulsión de Barrientos y encontrar plena justicia para la familia de Jara.
La Fiscalía ordenó al acusado pagar 28 millones de dólares a la familia de Jara, para saldar los daños y prejuicios provocados por el crimen, y dejó abierta una puerta para que el criminal pueda ser extraditado a Chile, en caso de otras demandas judiciales en su contra.
Barrientos queda pendiente -en su país natal- de una demanda establecida por el juez Miguel Vázquez, quien dictó diferentes cargos que van desde homicidio y secuestro calificado, secuestro simple y encubrimiento, también vinculados a la muerte del trovador chileno.
El represor, de 67 años de edad, está naturalizado como ciudadano de Estados Unidos. Vive en ese país desde 1989. Según los registros de los servicios de inmigración estadounidenses, el exmilitar chileno no declaró su vinculación con las fuerzas armadas golpistas, ni su participación en los procesos de torturas y asesinatos en el estadio de Santiago de Chile.
La demanda civil, presentada por Joan Jara, viuda del cantante chileno, y sus hijas Manuela y Amanda, estuvo representada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), organización legal con sede en San Francisco, California, y el bufete de abogados Chadbourne & Parke, de Nueva York.
La querella contra Barrientos se llevó a las cortes en 2013. Durante el proceso judicial, Barrientos negó conocer al popular cantautor y haber estado en el estadio santiaguino, convertido en centro de torturas, en el momento del asesinato.
La fiscalía rebatió los argumentos del exoficial, a partir de testimonios grabados en Chile de seis exsoldados leales a la junta militar encabezada por Pinochet, quienes aseguraron haberlo visto en las instalaciones deportivas al menos 20 veces entre esos días.
Según la declaración del exsoldado José Navarrete Barra, Barrientos llegó a jactarse del crimen que había cometido.
Por su parte, Almudena Bernabéu, abogado del CJA, y que dirigió la investigación del caso, afirmó estar profundamente satisfecha con el veredicto. Pero agregó que ello no es el fin, sino un comienzo para trabajar hacia la extradición o expulsión de Barrientos y encontrar plena justicia para la familia de Jara.