Empresa minera suiza oculta daño ambiental en Guatemala
Investigación periodística señala que Solway Investment Group compra favores, intimida a líderes indígenas y espía a periodistas.
Una investigación de 20 medios de prensa internacionales reveló que la minera suiza Solway Investment Group, que tiene fábricas en la zona indígena de El Estor (noreste de Guatemala), ocultó reportes de contaminación y empleó otros medios al margen de la ley para continuar operando.
La investigación se denomina “Mining Secrets” e indagó en documentos y correos filtrados de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico, subsidiarias de Solway Investment Group.
Según la pesquisa, la referida compañía oculta cualquier elemento que pueda inferir su responsabilidad en graves casos de contaminación del medio ambiente.
Asimismo, se denuncia que trabaja en contubernio con las autoridades y emplea la compra de favores y la intimidación.
La investigación periodística, en la que participaron 65 reporteros de 15 países, señala que en 2017 esta empresa y el Gobierno guatemalteco mintieron al afirmar que la reproducción de algas causó una extraña mancha roja que apareció en el lago de Izabal, colindante con una de sus plantas mineras.
En aquel entonces, pescadores del área acusaron a la minera de contaminación y fueron a la protesta. Uno de ellos, Carlos Maaz, fue asesinado a tiros por la policía.
Tiempo después, el departamento de Gestión Ambiental de Pronico detectó “la presencia de material sedimentado en el canal de salida de la planta de proceso. Se observó, que luego de fuertes lluvias, el material alcanzó el lago de Izabal”.
“Mining Secrets” también reveló que Solway Investment Group emplea el espionaje a periodistas, manipulación e intimidación de líderes comunitarios por tierras, relación con un juez y “pagos (…) a la policía para terminar con las protestas”.
La investigación apunta a que los empresarios de origen ruso dueños de Solway Investment Group sobornaron al presidente Alejandro Giammattei, proceso que era investigado por el exfiscal jefe contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien ahora está en el exilio.
Añade que la Municipalidad y el Ministerio de Energía y Minas amañaron una consulta con las comunidades indígenas de la zona para permitir que la minera continuara operando.
Con esa simulación, incluso, se burlaron de las comunidades indígenas y los pescadores a los que no consultaron previamente para operar, y también de la Corte Suprema de Justicia, que en 2019 ordenó el cierre de la mina precisamente porque no hicieron la consulta, como establece la lay.
En octubre de 2021, cientos de indígenas de El Estor tomaron por varios días el acceso al municipio para impedir el paso de camiones de la mina. Tras ello, Giammattei declaró estado de sitio en El Estor y militarizó la región.