Ecuador lleva 10 días de protestas, encabezadas por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Su pliego de 10 pedidos para el gobierno incluyen el congelamiento del precio de los combustibles —que en Ecuador son subsidiados—; la moratoria de deudas en la banca pública, privada y cooperativa; no ampliar la frontera de extractivismo minero; y "precios justos" en los productos producidos en el campo, entre otros.

El martes 20 de junio, tras casi una semana y medios de movilizaciones, el presidente de la República, Guillermo Lasso, decidió ser parte del diálogo convocado por universidades y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, pocas horas después de haber aceptado, varios manifestantes reportaron que la Policía lanzó bombas lacrimógenas al interior de la Universidad Central del Ecuador, que albergaba manifestantes de otras provincias.
 
Acto seguido, Iza exigió al gobierno algunas medidas para poder iniciar un proceso de diálogo. La primera es que derogue el estado de excepción, que restringe la movilidad en seis provincias, establece un toque de queda en Quito durante la noche y permite la presencia de Fuerzas Armadas para reforzar las tareas de la Policía Nacional. También que se desmilitarice la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Parque del Arbolito, ambos ubicados en el centro de Quito y, tradicionalmente, lugares de acogida para manifestaciones indígenas. E insistió en que el gobierno debe explicar el camino para aceptar sus diez exigencias.

Las poblaciones indígenas han sido históricamente abandonadas. Están, en su mayoría, recluidas a zonas rurales en condiciones precarias y con poca posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, esa falta de oportunidades difícilmente se va a ver solventada con la imposición de condiciones a la fuerza. Y lo que pide Iza suena a imposición, no solo en el fondo si no también en la forma: o el gobierno acepta todo lo que pide o no hay diálogo.

Y mientras tanto, la violencia no para. Durante estos días, periodistas hemos reportado agresiones de todo tipo (hay por lo menos 64 agresiones registradas solamente a la prensa). Hemos visto violencia por parte de manifestantes —algunos incluso con armas de fuego— y también excesos en el uso de la fuerza policial, incluyendo irrupciones no autorizadas a universidades. Ayer martes murió una persona en la ciudad amazónica de Puyo. Es la segunda muerte reportada en el contexto del paro.
 
Dos vidas perdidas son suficiente razón para que el gobierno de Lasso y la dirigencia indígena encabezada por Iza se sienten a dialogar. Hay demandas legítimas entre quienes se manifiestan, pero también hay unos niveles de violencia exacerbados en las protestas que pueden deslegitimarla.

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Actos como un posible delito perpetrado por supuestos manifestantes que habrían lanzado aceite quemado en la planta de agua en la ciudad de Ambato, que la fiscalía ya investiga, son injustificables. ¿Qué propósito podría tener una contaminación así en el agua que consumen todos los ciudadanos?

Es evidente que el país se está fracturando y que hay heridas profundas que ni siquiera son observadas, mucho menos reconocidas. Y sin reconocerlas, la única salida posible parece acusar al otro como el único culpable de lo que no funciona en el país, como el responsable de la violencia. Pero si hacemos el mínimo esfuerzo de mirarnos en el espejo, encontraremos quizás esos fragmentos de violencia que se traslucen en los discursos racistas, clasistas o prejuiciosos; o la encontraremos en las condiciones de vida de la mayoría de ecuatorianos que son desatendidos por un estado indolente; o en las amenazas de quienes creen que una movilización legítima es el escenario perfecto para delinquir impunemente.

El presidente de la República tiene que honrar la magistratura que ocupa y buscar todas las salidas posibles para evitar más violencia. Eso implica ceder. Implica también honrar su palabra y actuar en concordancia con su advertida voluntad de diálogo.

El líder político que encabeza las protestas tiene también una responsabilidad sobre el caos. Sus propuestas no pueden ser impuestas. El diálogo no es obligar a que el gobierno obedezca; es conversar, escucharse y acordar. Eso también implica ceder.

En una democracia, quien gana las elecciones gobierna por el período por el que fue electo. Nos guste o no, quien ganó fue Guillermo Lasso. La ventaja es que en una democracia, Lasso también tiene la obligación de escuchar a sus detractores y gobernar también para ellos. Esto incluye a Iza y a quienes representa.