Las cifras aparecen en el informe de la isla sobre la resolución 73/8 de la Asamblea General de la ONU titulada "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba".

El reporte, presentado este viernes en La Habana, capital cubana, por el canciller Bruno Rodriguez, cita ejemplos concretos de cómo la política de cerco ejercida por Washington durante casi seis décadas impacta negativamente en la salud de los ciudadanos del país caribeño.

Refiere el documento que en el período señalado la empresa Medicuba S.A realizó solicitudes a 57 compañías estadounidenses en aras de adquirir insumos necesarios para el sistema sanitario de la isla.

Hasta la fecha 50 de esas firmas no han respondido y tres alegaron que por las regulaciones del bloqueo no pueden vender a Cuba ningún medicamento o equipo médico.

Promega Corporation, fabricante de productos utilizados en el diagnóstico de enfermedades genéticas, respondió así a la solicitud de Medicuba:

"...el Departamento del Tesoro de los EE.UU. aplica sanciones comerciales que prohiben que las industrias con sede en ese país vendan productos y proporcionen tecnología y/o servicios a Cuba", reza el informe.

Negativos fueron los esfuerzos por adquirir medicamentos e insumos para el tratamiento de diversos tipos de cáncer, con implicaciones incluso mortales para algunos enfermos, subraya el documento.

Añade que el 26 de febrero varios proveedores informaron a Medicuba que no podían entregar ventiladores pulmonares contratados.

Argumentaron que los fabricantes habían sido comprados por Vyaire Medical, una compañía radicada en Illinois, acota el texto.

 

En sentido general, a 922 mil 630 millones dólares ascienden los daños acumulados a Cuba por la aplicación de esta política genocida durante casi 60 años.

 

El canciller recordó que el 6 y 7 de noviembre, Cuba presentará por vigésimo octava ocasión consecutiva ante la Asamblea General de Naciones Unidas el proyecto de resolución contra el bloqueo.

Con anterioridad, rechazó la expulsión de dos diplomáticos cubanos de la misión permente de La Habana ante la ONU y la restricción adicional de movimiento que se aplica a otros por parte del Departamento de Estado.

Aseguró que se trata de acciones injustificadas e ilegítimas sobre la base de calumniar a los dipolomáticos de la nación caribeña.