La realidad preocupante es que los gobiernos siempre explotaron las crisis para ampliar sus poderes, a menudo en un grado peligroso, como ha ocurrido en el caso de Estados Unidos a lo largo de su historia, afirma un artículo que publica la revista The American Conservative.

Un ejemplo es lo que  ocurre ahora con la propagación del coronavirus SARS-Cov-2. Los estadounidenses deben evaluar con sobriedad la respuesta gubernamental a esta crisis y en otros países.

Con las medidas aplicadas cerraron prácticamente todos los negocios, se prohibieron los viajes "no esenciales", la mayoría de las reuniones, y se impusieron toques de queda y la ley marcial en todo menos en el nombre. En algunos casos, se han impuesto restricciones adicionales a las personas consideradas especialmente vulnerables a contraer el virus, como las personas mayores de 70 años, destaca el texto.

Sin embargo, el gobierno federal no ha seguido el ejemplo con tales restricciones draconianas, al menos no todavía. El presidente Donald Trump reiteró en su conferencia de prensa del 16 de marzo que no tenía intención de imponer un bloqueo o toque de queda nacional. Sin embargo, la presión para que lo haga puede aumentar.

En un desarrollo especialmente alarmante, el Departamento de Justicia está buscando ahora la autoridad para pedir a un juez federal la autoridad para detener a una persona de manera indefinida en esta o cualquier otra "emergencia".

Tenemos que hacer preguntas, incluyendo cuánto tiempo durarán esas medidas y qué objetivos numéricos deben alcanzarse con respecto a la disminución de la enfermedad antes de que se levanten.

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Estos son pasos extremadamente importantes, especialmente si no se trata de una crisis de corta duración. Originalmente, parecía que había una suposición generalizada de que la emergencia duraría sólo unas pocas semanas y luego la vida volvería a la normalidad, recordó la revista.

Pero ahora hay una creciente sensación de que el entorno de la crisis podría continuar hasta mediados del verano o incluso más allá. En la conferencia de prensa del 16 de marzo tanto el presidente como sus asesores de política sanitaria indicaron que el brote podría durar hasta julio o agosto.  

También deberíamos preocuparnos por los precedentes que se están sentando. No queremos que los funcionarios públicos demasiado cautelosos o egoístas se vean tentados a imponer medidas drásticas en respuesta a emergencias sanitarias o de otro tipo. El aplazamiento de las elecciones debería ser una causa especial de inquietud, si no de alarma.

Dar a los funcionarios en ejercicio esa autoridad crea un evidente potencial de abuso, especialmente si los titulares se enfrentan a la perspectiva de una derrota electoral. Un breve aplazamiento puede convertirse fácilmente en uno prolongado. 

Habida cuenta de los antecedentes históricos de cómo las políticas de las emergencias anteriores siguieron amenazando las libertades básicas años e incluso decenios después, no es ni inapropiado ni prematuro formular preguntas de sondeo sobre las respuestas a la crisis actual.

De hecho, en un futuro próximo se deberían buscar limitaciones legales a las facultades de los gobiernos en materia de emergencias sanitarias, ya sea mediante nuevas leyes o decisiones judiciales.

Concluyó el artículo que se debe tener cuidado "de no dejarnos llevar por la aprobación de las políticas que los funcionarios interesados insisten en que son necesarias".