Bolivia acepta demanda contra golpistas
El gobierno de facto feneció el 8 de noviembre pasado, al asumir el presidente Luis Arce Catacora, quien como candidato del MAS, ganó las elecciones generales con 55 por ciento de los votos, margen mayor al logrado por esa organización en 2019, lo que desmintió la versión del supuesto fraude invocado para el golpe.
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Bolivia acepta demanda contra golpistas
El Ministerio Público de Bolivia aceptó la demanda penal contra militares y civiles involucrados en el golpe que obligó en noviembre de 2019 a renunciar al presidente Evo Morales.
La denunciante, Lydia Patty Mullisaca, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que lidera Morales, precisó que la Fiscalía acogió la demanda tras pedirle subsanar un error de forma en la denuncia inicial, lo que implica la apertura de una investigación por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
Los imputados son el actual parlamentario José Luis Camacho, jefe de un grupo político evangélico de extrema derecha y quien en 2019 dirigió fuerzas de choque que realizaron atentados violentos tolerados por militares y policías, alegando un fraude electoral en la reelección de Morales.
También estuvo involucrado su padre, José Camacho Parada, quien, según declaró el hijo en la euforia del triunfo del golpe, "arregló" con la cúpula de las Fuerzas Armadas que se abstengan de intervenir contra las acciones desestabilizadoras.
La denuncia incluye un pedido de detención inmediata de los Camacho y se extiende a los exjefes de las Fuerzas Armadas, General Williams Kalimán; de Operaciones, general Sergio Orellana; del Estado Mayor de entonces, Flavio Arce, y de la Policía Boliviana, Yuri Calderón.
Como víctimas figuran el entonces presidente Evo Morales, su vicepresidente, Álvaro García, y los titulares de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, obligados a renunciar para dar paso a que la senadora derechista Jeanine Áñez asumiera la presidencia de facto.
La demanda de Mullisaca, señala que el golpe comenzó el 21 de octubre de 2019 con la quema de los tribunales departamentales electorales, encabezada por Luis Camacho, quien en noviembre siguiente se ufanó de que llegó desde su ciudad, la oriental de Santa Cruz, a La Paz, con el apoyo de militares y policías.
Agrega que el 8 de noviembre comenzó el motín de la Policía, planificado por los Camacho, y después el alto mando militar pidió la renuncia de Morales, quien dimitió, al igual que el vicepresidente García, al perder el control de militares y policías.
Precisamente, la Policía Nacional de Bolivia confirmó la realización de una investigación relacionada con el motín de agentes de esa institución en 2019 y su relación con el golpe de Estado contra Morales.
El fiscal general de la Policía, Luis Carvajal, y el director general de Investigación Policial Interna, Néstor Vilca, explicaron que el proceso busca esclarecer lo sucedido durante los conflictos poselectorales a partir de denuncias radicadas a finales de 2019 y principios de 2020.
El gobierno de facto feneció el 8 de noviembre pasado, al asumir el presidente Luis Arce Catacora, quien como candidato del MAS, ganó las elecciones generales con 55 por ciento de los votos, margen mayor al logrado por esa organización en 2019, lo que desmintió la versión del supuesto fraude invocado para el golpe.
