Golpe de estado en Myanmar
Los militares detienen a Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, junto a otros dirigentes civiles. Los militares justifican su acción como “respuesta a las denuncias de fraude” en las últimas elecciones.
Myanmar, la antigua Birmania, comienza esta semana con incertidumbre y volviendo una década atrás en el tiempo. De madrugada, su Ejército, que había ocupado el gobierno entre 1962 y 2011 y aún mantenía grandes cotas de poder, ha perpetrado un golpe de Estado para zanjar su desacuerdo con el triunfo electoral del 8 de noviembre de la jefa del gobierno de hecho, Aung San Suu Kyi, de 75 años, y de su partido, la NLD (siglas en inglés de la Liga Nacional por la Democracia).
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Los líderes civiles, incluida la propia premio Nobel de la Paz; el presidente, Win Myint, y los gobernadores de las distintas regiones, se encuentran detenidos.
El estado de emergencia, que deja el control del país al jefe del Estado Mayor, Min Aung Hlain, se prolongará al menos un año, hasta la celebración de nuevas elecciones. El país regresa así a la situación de gobierno militar en la que estuvo antes de que comenzase el lento e incompleto proceso de transición democrática en 2011.
En un comunicado distribuido por redes sociales, con el nombre pero no la firma de la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, la NLD condenó el golpe como un regreso a la dictadura y pidió a la población que “resista con firmeza” a la acción militar.
Las calles de las principales ciudades, Yangón -la capital económica- y Naypidaw -la capital política- se encontraban en tensa calma este lunes, según testigos presenciales y vídeos que circulaban por las redes.
Las banderas que en los últimos días habían ondeado en apoyo a la NLD de Suu Kyi habían desaparecido de las calles. Aunque en un primer momento se interrumpieron las comunicaciones telefónicas e Internet funcionaba de manera esporádica, la situación se corrigió a las pocas horas. Aun así, los bancos suspendieron sus operaciones. Las embajadas de los países occidentales recomendaban a sus ciudadanos residentes que permanecieran en sus domicilios y no salieran a la calle si no resultaba imprescindible.
“Había colas muy largas en los bancos y los supermercados, no queda mucho que poder llevarse en las tiendas. Se está comprando compasivamente”, apunta Arpita H Kolb, una ciudadana singapurense que reside en Yangón desde hace cinco años junto a su marido y dos hijos pequeños. Asegura que, de momento, la situación es de aparente tranquilidad, pero sabe que puede cambiar en cualquier momento. Sin acceso a líneas telefónicas, la única manera de estar comunicada y recibir noticias sobre lo que ocurre es tener una conexión wifi. Al no haber vuelos comerciales disponibles, la única opción es quedarse en Yangón y ver qué sucede. “La gente está muy decepcionada y sorprendida de que los militares hayan dado un paso tan drástico. Las cosas han cambiado literalmente de la noche a la mañana”, apunta.
El ejército ha justificado su asonada apelando al artículo 417 de la Constitución vigente, de 2008 y redactada por los militares antes de comenzar el proceso de cesión parcial del poder. Ese apartado autoriza a las fuerzas armadas a hacerse con el poder si consideran en grave peligro la unidad del país.
El “grave peligro”, en este caso, era el resultado de las elecciones que se habían celebrado en noviembre, las segundas en la era de transición democrática: la NLD de Suu Kyi había repetido la avalancha de votos a favor que ya logró en las de 2015.
En noviembre, esta formación se hizo con el 83% de los 476 escaños en el Parlamento, mientras que el partido de los militares, el Partido de la Solidaridad y Desarrollo de la Unión (USDP) solo consiguió 33 años escaños. Un golpe al difícil equilibrio entre el gobierno civil y los mandos militares, que planificaron la transición con la idea de mantener siempre su importante cuota de poder.
El resultado dejaba claro que, pese a su desprestigio en el exterior por la represión contra la minoría rohinya -entre otros factores-, Suu Kyi, hija del líder de la independencia Aung San, mantenía su inmensa popularidad incólume en Myanmar.
Desde entonces, y en unas maniobras llamativamente similares a la respuesta de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, el estamento militar y su formación política, el Partido para la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), habían rechazado aceptar el resultado, alegando que se había cometido un inmenso fraude. Más de 10,5 millones de votos, alegaban, eran sospechosos.