Foro penal: Una agencia de EE.UU. para cambiar el gobierno venezolano
En la era de la globalización, las organizaciones no gubernamentales (ONG) se han convertido en un actor muy importante en la arena política internacional.
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Foro penal: Una agencia de EE.UU. para cambiar el gobierno venezolano
Los gobiernos de varios países occidentales, principalmente Estados Unidos, han priorizado la incorporación de las ONG internacionales al servicio de sus políticas exteriores, logrando directa o indirectamente objetivos estratégicos que son difíciles de alcanzar por vías gubernamentales.
La Fundación Nacional para la Democracia (NED), Human Rights Watch (HRW), Freedom House, son ejemplos de que las ONG autodenominadas independientes son impulsadas por el poder occidental.
Estados Unidos le proporciona fondos para proteger los intereses globales y regionales de Washington. Así mismo lo hacen países europeos con otras ONG. Cuando el objetivo son gobiernos que no abrazan los intereses anglosionistas, la mayoría de los planes conducen a acciones de violencia irregular combinadas con aislamiento internacional y "sanciones".
A escala local, las ONG internacionales financian y cooperan con organizaciones "independientes" del territorio en el que interfieren. En el caso de Venezuela, es innegable que una extensa lista de ONG antichavistas han actuado como socios no tan silenciosos del gobierno de Estados Unidos y otros países occidentales.
De esa lista vamos a revisar el caso de Foro Penal, por la fuerza y protagonismo que ha acumulado en sus años de operaciones en Venezuela.
Creada en 2002, se describe como una "organización venezolana, en la defensa de los derechos humanos, con un trabajo efectivo desde hace más de 15 años en Venezuela en la asistencia jurídica gratuita y apoyo a familiares y víctimas de detenciones arbitrarias".
La realidad es que Foro Penal se estrenó ese año defendiendo a operadores políticos del antichavismo, culpables de asesinatos, en el marco del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Su área de desempeño involucra construir denuncias falsas de presos y refugiados políticos y violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de usarlos como armas para manipular la opinión pública (nacional e internacional) sobre Venezuela.
El director ejecutivo de Foro Penal, Alfredo Romero, es citado frecuentemente en medios occidentales para darle credibilidad al relato de la "impunidad" en las instituciones venezolanas ante situaciones de injusticia, dándole un matiz de sistematización y estructuralidad usual en los Estados fallidos o forajidos.
Según publica Misión Verdad la ONG que dirige Romero encubrió los intentos de revolución de colores que encabezó el partido político Voluntad Popular (en 2014 y 2017), acudiendo al recurso de "presos políticos" cada vez que eran capturadas personas involucradas en la fase armada de las guarimbas. Los nombres de aquellos criminales fueron a engrosar la lista de los informes de Foro Penal. También saboteó los llamados al diálogo hechos por el presidente Nicolás Maduro para estabilizar la situación en el país en un marco de violencia extremista.
Romero tiene íntimas filiaciones con el líder de Voluntad Popular y prófugo de la justicia, Leopoldo López. Incluso apareció como abogado defensor de López cuando este se iba a entregar a la justicia venezolana.
El vínculo permanece hasta la actualidad, ambos buscan favorecer los intereses políticos y económicos de Washington, mal simulado en la promoción de los derechos humanos y la democracia. Además Foro Penal respaldado el proceso golpista de Juan Guaidó, y puso "en alerta" a la Unión Europea sobre los "peligros" que corría el exdiputado justamente en su momento de mayor declive político, tratándolo asimismo de cliente jurisconsultor.
Foro Penal participa activamente en la preparación e implementación de estrategias para debilitar al Gobierno Bolivariano desde principios del siglo XXI, a cambio de la financiación y filiación del gobierno estadounidense.
En publicaciones anterior Misión Verdad ha expuesto maniobras denunciadas por el portal WikiLeaks, sobre las “donaciones” de unos 15 millones de dólares a más de 300 ONG en Venezuela, ofreciéndole 'apoyo técnico y de capacitación', mediante su Oficina de Iniciativas de Transición (OTI), para emprender acciones desestabilizadoras".
Para trabajar "independientemente", una ONG "apolítica" acude a la embajada del gobierno estadounidense que tiene como política extranjera sobre Venezuela el cambio de régimen, por cualquier medio, incluso a través de la promoción de su ideología y valores.
La ONG venezolana siguió la recomendación que le hicieran desde EE.UU. pues en adelante la colección de datos manipulados rellenan informes que siempre concluyen en la "violación de derechos humanos" y el incumplimiento de principios de "democracia y libertad" de acuerdo a la nomenclatura relacionada a la vocería del Departamento de Estado norteamericano.
La emisión de "informes de investigación" y "resultados de investigación" son los métodos habituales de Foro Penal, una característica que comparte con Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional. En varias ocasiones, ambas ONG internacionales han tomado de los informes publicados por la organización venezolana para difamar la gobernanza en Venezuela.
Grupos como Foro Penal suelen hacer seudo-investigaciones científicas y publicar informes con posiciones preestablecidas donde la causa fundamental de los problemas en la sociedad de un territorio determinado es la falta de "democracia", y los métodos para lograr la "democracia" se resumen en el cambio de gobierno a través de una política de aislamiento y "sanciones". Siguiendo al pie de la letra ese modelo, la ONG en cuestión pudo conseguir una posición privilegiada entre las opciones de Estados Unidos para llevar a cabo sus planes contra el país.
Los disturbios en 2014 y en 2017 fueron una excusa para enviar recursos a la ONG y abultar la lista de presos políticos y violaciones de derechos humanos.
Fue vital la proyección que medios occidentales de alcance global le proporcionaron a los datos manipulados publicados en los informes de Foro Penal, al igual que la recepción dada por la Unión Europea.
Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), canal de Washington para interferir en la región, avaló a Foro Penal otorgándole una certificación continua a la lista de presos políticos que ellos manejan desde hace años, incluyendo los datos a los ataques posteriores a Venezuela.
La disposición de la OEA de enaltecer y proyectar a Foro Penal, en contraste con el desconocimiento a las autoridades oficiales del país (que entonces había activado los mecanismos para retirarse del organismo), puede resumirse en la celebración y acompañamiento del secretario de la OEA, Luis Almagro, al director ejecutivo de la ONG cuando este recibió el premio por defensa de los DDHH de parte de Estados Unidos, el 16 de noviembre de 2017.
Con el apoyo privilegiado de la OEA vino la validación de gobiernos latinoamericanos adversos al chavismo, principalmente de los países miembros del Grupo de Lima, a la proyección de Foro Penal.
También puso su mano en el fenómeno migratorio venezolano y del que existen investigaciones, bien fundamentadas, que afirman que los venezolanos han emigrado fundamentalmente por razones económicas, las cuales están vinculadas a la emisión constante de medidas coercitivas unilaterales implementadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela desde el año 2014.
Con respecto a Venezuela, a pesar de la propaganda, nunca hubo apoyo global, pero de todos modos se forzó la revisión del caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), de la misma manera que Estados Unidos y la Unión Europea han unilateralmente emitido restricciones económicas y comerciales contra Venezuela.
Independientemente de cómo se desenvuelva el escenario en este capítulo político-jurídico de la guerra contra Venezuela, el punto a destacar es el papel preponderante que Foro Penal ha tenido en esa hoja de ruta, por los casi veinte años de trabajo engordando el expediente contra el país, por ser una ficha de Estados Unidos (debido a la financiación directa -mediante "La "Embajada"- e indirecta -ONG internacionales- que recibe de Washington) y por los alianzas que ha construido en Europa y Latinoamérica.