El mundo condena el apartheid aplicado por “Israel” en la Palestina histórica
Más de mil artistas, intelectuales y académicos de unos 45 países piden el reconocimiento internacional y el desmantelamiento del régimen de apartheid establecido por “Israel” en el territorio que ocupa de Palestina, según Liberation.
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El mundo condena el apartheid aplicado por “Israel” en la Palestina histórica
En unos años, cuando los historiadores quieran caracterizar los hechos significativos del año 2021 con respecto al Estado de “Israel”, lo que ganará no será ni la vacunación flash contra la COVID-19 ni la salida del primer ministro Benjamín Netanyahu sino el reconocimiento mundial del estado de apartheid en la "Palestina histórica" que comenzó a cobrar notoriedad el 12 de enero pasado con la publicación del informe B'Tselem (Centro de Información de "Israel" para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados).
“Un régimen de supremacía judía que se extiende desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, es apartheid”, aseguró esa institución de estudios.
Tres meses después, el 27 de abril, el informe de Human Rights Watch, una ong internacional de derechos humanos respetada a nivel mundial, recalcó el punto bajo el titular: "Un umbral traspasado: las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución”.
Por último, el 6 de julio pasado, 600 académicos, artistas e intelectuales de 45 países emitieron una declaración en la que pedían el desmantelamiento del régimen del apartheid en la Palestina histórica.
El apartheid es un crimen reconocido como tal desde que, el 30 de noviembre de 1973, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.
En el Estatuto de Roma de 2002 que establece la Corte Penal Internacional, el apartheid se caracteriza como un crimen de lesa humanidad "cometido en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y dominación de un grupo racial sobre todos los demás".
La coincidencia con las leyes y políticas israelíes de discriminación contra los palestinos es evidente. Sin embargo, durante décadas fue prácticamente imposible informar al respecto en público.
Cuando el expresidente Carter, en un libro de 2006 sobre “Israel”, se atrevió a incluir la palabra en su título (Palestina: paz, no apartheid), lanzó gritos de indignación. Diez años después, cuando un estudio de las Naciones Unidas llegó a las mismas conclusiones ("El trato de Israel al pueblo palestino y la cuestión del apartheid", Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental [CESPAO], 2017), la reacción no fue menor.
Frente a la ira de los grupos de presión y los estados pro-israelíes por este uso inaceptable de la "palabra A" en sus ojos, el secretario general tuvo que pedir que se retirara el informe.
La Directora Ejecutiva de la CESPAO, Rima Khalaf, prefirió renunciar en lugar de inclinarse.
Pero en el corriente 2021, el bloqueo acaba de saltar. Las sociedades civiles de todo el mundo ya no lo apoyan. De un continente a otro, de una generación a otra, de una nacionalidad a otra, las manifestaciones, las posiciones tomadas, los foros, las mociones adoptadas por grandes mayorías convergen en una sola corriente de protesta.
El reconocimiento de que “Israel” estableció un efectivo régimen de apartheid en todos los territorios sometidos a su jurisdicción, además de otras violaciones del derecho internacional, lleva a reclamar que la organización internacional comunitaria salga de la complacencia e inicie las medidas concretas resultantes de esa observación.
La declaración del 6 de julio sobre la eliminación y represión del crimen de apartheid en la Palestina histórica, recordó las obligaciones derivadas de la Convención Internacional de 1973, establece cuatro principios fundamentales de acción:
- la necesidad de condenar como crimen en el sentido del derecho internacional el régimen de apartheid impuesto al pueblo palestino residente en “Israel”-Palestina o forzado al exilio;
- la necesidad del desmantelamiento de este régimen y el establecimiento de un orden constitucional que respete el derecho internacional y las convenciones para la defensa de los derechos humanos, que garantice la igualdad de derechos y deberes para los habitantes de esta tierra independientemente de cualquier diferencia racial y étnica, como de cualquier afiliación religiosa o identidad de género, y reconocería el derecho al regreso de todos los exiliados desde la creación del Estado de "Israel";
- la necesidad de que los gobiernos cómplices pongan fin a su connivencia con el régimen del apartheid, presionen para su desmantelamiento y apoyen una transición sensible al derecho a la autodeterminación de los dos pueblos que actualmente habitan la Palestina histórica;
- finalmente, la necesidad de una comisión de paz, reconciliación y rendición de cuentas responsable de apoyar la transición hacia una gobernanza respetuosa de los derechos humanos y la democracia. Mientras esperan que se inicie dicho proceso, los signatarios piden a la Corte Penal Internacional que inicie una investigación sobre los líderes y el personal de seguridad a quienes se puede culpar de la perpetuación del crimen de apartheid.
