Si todos los intentos para condenar Jair Bolsonaro por negligencia en el tratamiento de la pandemia a no bastaran, hoy se ha sumado una más pero esta vez, los indígenas de su país presentaron en el Tribunal Penal Internacional de la Haya una querella por genocidio y crímenes contra la Humanidad.

Esta se une a otra dos que ya tiene allí. Lo inusual es que está elaborada por un equipo de abogados indígenas, comandados por Luiz Henrique Eloy Terena, y  que según el rotativo El País, nació hace 33 años en una aldea del pueblo Terena llamada Ipegue, cerca de la frontera con Paraguay.

Eloy Terena y sus colaboradores representan a casi 900 000 aborígenes brasileños que se agrupan en la Articulação dos Povos Indigenas do Brasil (APIB). El abogado dijo en una entrevista telefónica desde Campo Grande que no fue casualidad que dejaran la aldea cuando pequeños y marcharan a estudiar, era una estrategia a largo plazo del movimiento para poder defenderse no con arcos y flechas, sino con el “bolígrafo”.  

Y con leyes y togas, con la exigencia de que Brasil cumpla escrupulosamente los derechos consagrados en la Constitución aprobada el año en que nació el letrado, y defendida ahora por uno de ellos, manifestó el  pensador Ailton Krenak, un indígena que participó en la elaboración de la Ley Fundamental.

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A Bolsonaro se le acusa de que desde que llegó al poder adoptó “una política antiindígena explícita, sistemática e intencionada” que transformó “los órganos y las políticas públicas antes dedicadas a la protección de los pueblos indígenas en herramientas de persecución” de esta minoría con la intención de “crear una nación sin ellos”. Y a partir de ahí, los abogados detallan infinidad de decisiones, decretos, leyes… que, según la denuncia, han derivado en el aumento de la deforestación, los incendios, y las actividades ilegales en las tierras ancentrales.

Eloy Terena señala que el presidente  ha cumplido la promesa de no dar protección legal a las tierras de los indígenas. “Para los pueblos indígenas el territorio es fundamental”. Por eso la paralización total de ese proceso “los va empujando al exterminio”, porque esas vastas áreas y los que las habitan (mientras protegen su biodiversidad) quedan a merced de los invasores que explotan ilegalmente las riquezas que atesora la tierra.

Una de las denuncias presentadas incluye el  ecocidio, con lo pretenden que sea tipificado como delito contra el medio ambiente y además recién definido como tal por un comité de 12 juristas. El objetivo es que se sume a los cuatro crímenes contra la humanidad que juzga el TPI.

El jurista indígena sostiene que su querella es “una respuesta a la altura de la opresión que sufre nuestro pueblo”. Un año llevan las siete personas del equipo jurídico, que incluye dos mujeres y dos blancos, trabajando en un texto que tiene 148 páginas en su versión final.

La fiscalía del TPI ha recibido otras dos querellas contra Bolsonaro. Una presentada por la Comissão Arns, una red de intelectuales defensores de los derechos humanos, y otra firmada por los líderes indígenas Raoni Metuktire y Almir Suruí pero elaborada por un bufete de letrados franceses.

Más allá de si las querellas avanzan y a qué ritmo en la justicia internacional, son un intento de organizaciones civiles brasileñas de movilizar a sus compatriotas ante el sistemático ataque de Bolsonaro a los derechos humanos. Buscar resonancia fuera de las fronteras para sumar apoyo dentro de ellas.