La organización Public Citizen saco a la luz hoy los contratos secretos para adquirir la vacuna contra la Covid-19 de la empresa farmacéutica Pfizer reflejan cómo la compañía pone por encima de las necesidades sanitarias sus intereses.

El informe del grupo de defensa de los derechos del consumidor en Estados Unidos, reveló sobre cómo la empresa usa la necesidad imperiosa de su fármaco para 'maximizar las ganancias'.

También se conoció que la rápida proliferación del inmunizante de esa compañía estadounidense, coproducido con la alemana BioNtech, en virtud de acuerdos negociados con los gobiernos, se desarrolla tras un velo de estricto secreto, escribió Zain Rizvi, investigador a cargo del estudio.

Según explica Public Citizen, que tuvo acceso a varios de los contratos ocultos, en caso de disputas en tribunales de arbitraje, Pfizer puede cambiar los términos de las decisiones clave, incluidas las fechas de entrega y exigir activos públicos como garantía.

Eso último ocurrió con los pactos con países latinoamericanos como Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana, a quienes le exigieron algo así como si a Estados Unidos le pidieran entregar el Gran Cañón como garantía de pago, como comparó un profesor de derecho de salud pública de la Universidad de Georgetown.

Noticias Relacionadas

Sudáfrica critica ausencia de Trump en la cumbre del G20

Maduro exhorta a EE.UU a frenar tensión militar y pide paz continental

Sharon Castillo, portavoz de la empresa de biotecnología, dijo al diario The Washington Post que las cláusulas de confidencialidad eran 'estándar en los contratos comerciales' y 'tenían como objetivo ayudar a generar confianza entre las partes, así como proteger la información comercial'.

Castillo también rechazó las intenciones de obtener activos diplomáticos, militares o culturalmente significativos de otras naciones.

Aunque Pfizer no aceptó fondos del gobierno mediante programa de desarrollo de vacunas impulsado por la Casa Blanca bajo el nombre Operation Warp Speed, sí recibió enormes pedidos por adelantado de Estados Unidos.

Asimismo, esa compañía se opuso a una exención de propiedad intelectual para compartir su tecnología y avanzar en la aplicación de dosis contra la Covid-19 en el mundo.

En su informe, Public Citizen pide al gobierno estadounidense que use su influencia para obligarlos a adoptar un enfoque diferente, que incluye exigir a la empresa que comparta tecnología y así contribuya a 'equilibrar la balanza'.

Esa vacuna, cuya efectividad está demostrada, es una de las más populares del mundo contra la Covid-19, con 3,5 mil millones de dosis vendidas, una cifra que podría duplicarse en 2022, según las proyecciones.