Anuncian Colombia y EE.UU. nueva política antinarcóticos

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Una nueva política antinarcóticos basada en tres ejes: la reducción de la oferta de drogas, la protección del medioambiente y el aumento de la seguridad y el desarrollo en las zonas rurales anunciaron Estados Unidos y Colombia.

Según declaraciones de Emilio Archila, consejero para la Estabilización y Consolidación de Colombia, el presidente Iván Duque siempre ha entendido que deben utilizarse todos los instrumentos para combatir el narcotráfico.

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (Ondcp, por sus siglas en inglés) informó que la estrategia fue desarrollada por los dos gobiernos luego de meses de trabajo y tiene un enfoque holístico.

Señalan que para lograrlo se enfocarán en reducir la oferta de drogas utilizando varias estrategias como erradicar la hoja de coca, destruir laboratorios de cocaína, reducir de la demanda de estupefacientes, esfuerzo unido contra el lavado de dinero y judicialización de narcotraficantes.

Informes dan cuenta de que en  Colombia se reportaron 245 mil hectáreas cultivadas de hoja de coca en 2020, la cifra más alta de la última década, según dice  la Ondcp. Además, la producción de cocaína se elevó a poco más de mil toneladas métricas, superando 936 reportadas en 2019.

Elizabeth Dickinson, analista para Colombia del International Crisis Group, explicó que la nueva estrategia antinarcóticos conserva la lógica de que hay que acabar con la oferta de coca para acabar con el negocio y no frena la erradicación forzosa, por lo que a su juicio no cree que haya cambiado lo fundamental.

Sin embargo, Dickinson considera novedosos los otros dos pilares de la estrategia. En el enfoque sobre el medio ambiente todavía hay más preguntas que respuestas sobre cuál será el contenido, pero sí es cierto que el gobierno de Estados Unidos quiere enfocarse en conservar las reservas forestales y la Amazonia, comentó la analista.

La administración de Joe Biden dirigirá sus esfuerzos a consolidar el proceso de paz firmado hace cinco años entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el objetivo de asegurar a las comunidades rurales desarrollo económico y seguridad en sus territorios, que por lo general son los más afectados por grupos armados.