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Con el objetivo de potenciar la justicia en Bolivia, el mandatario Luis Arce recibió al relator especial de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, quien presentó durante su visita observaciones sobre el sistema judicial en Bolivia.

“Recibimos la visita de Diego García-Sayán, Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, con el firme compromiso de impulsar la transformación del sistema judicial en beneficio del pueblo que pide justicia”, subrayó el jefe de Estado boliviano.

A partir del programa iniciado el 15 de febrero y que incluyó entrevistas con representantes de diversos sectores relacionados con este tema, Diego García-Sayán inspeccionó en La Paz, Sucre y Santa Cruz elementos del poder judicial, así como el sector fiscal y representantes de la abogacía.

El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas insistió sobre nueve aspectos constatados en la visita a Bolivia. Las observaciones están relacionadas con el acceso a la justicia por las personas, mujeres y justicia y lo relacionado con las garantías para la comunidad indígena.

Otras puntualizaciones se enfocaron en lo referido a las privaciones de libertad; estructura y gestión del Órgano Judicial; carrera judicial y jueces transitorios; Ministerio Público; graves violaciones de derechos humanos en el último trimestre del año 2019 y las reformas constitucionales e institucionales.

“Una de las frases más escuchadas, de parte de muchas personas con las que me reuní, es que la justicia no existe para los pobres. Víctimas y familiares me expresaron encontrar obstáculos para acceder a la justicia, lo que incluye tener que aportar los medios probatorios para la investigación, verse en necesidad de asumir gastos o realizar pagos para que sus casos avancen y falta de acceso a información sobre sus expedientes y cómo avanzan sus procesos”, precisó el informe presentado por el relator de la ONU.

Otro de los puntos que se presentan como desafíos de la justicia boliviana es lo relacionado a los feminicidios. El informe presenta como preocupación el hecho de que existan 869 casos entre 2013 y octubre de 2021, un promedio de uno cada tres días y medio.

“Sólo el 31 por ciento de los casos ha obtenido una sentencia. De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, a la fecha de este informe en 2022 hasta el 17 de febrero ya van registrados 15 feminicidios y dos en investigación para determinar si se trató de feminicidio”, indicó el documento.