La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el martes al gobierno de Colombia poner en marcha  a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y adoptar un plan para desmantelar organizaciones criminales que asesinan a excombatientes y líderes sociales.

En un comunicado precisó que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, tomó la decisión tras comprobar la inexistencia de una estrategia institucional para prevenir la violencia de los grupos paramilitares y delincuenciales que están atentado contra el proceso de reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz.

En tal sentido, la JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo activar las competencias de la CNGS y adoptar el citado plan.

📰#Comunicado || JEP ordena al Gobierno poner en marcha la Comisión de Garantías de Seguridad y adoptar el plan para desmantelar organizaciones criminales.

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— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 1, 2022

Según el comunicado entre las decisiones adoptadas, la Sección solicitó a la Procuraduría General iniciar las investigaciones disciplinarias toda vez que, pasados cinco años de creada la CNGS, ésta aún no cuenta con un reglamento interno de trabajo.

Hecho que ha impedido adoptar una política encaminada a combatir los grupos armados organizados al margen de la ley que afectan el proceso de reincorporación de los excombatientes colombianos.

El Alto Comisionado para la Paz es uno de los 15 miembros que participa en esta instancia creada en el Acuerdo de Paz para apoyar la construcción de una política pública y criminal para desmantelar esas estructuras, puntualizó.

Entre los integrantes de la CNGS se encuentran también el presidente colombiano, los ministros del Interior, Defensa y Justicia, el Fiscal General de la Nación, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía Nacional, tres expertos y dos delegados de las plataformas de derechos humanos.

De acuerdo a los datos de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, al menos 306 firmantes del Acuerdo han sido asesinados desde la firma del pacto en 2016.