Aprueba congreso argentino la renegociación de la deuda con el FMI
El Senado dio ayer jueves la sanción definitiva a la ley que faculta al Gobierno de Alberto Fernández a reestructurar los pagos pendientes con el Fondo.
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Aprueba congreso argentino la renegociación de la deuda con el FMI.
La Cámara de Senadores de Argentina aprobó este jueves la ley para que el Gobierno de Alberto Fernández pueda refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por casi 45 000 millones de dólares, con el visto bueno definitivo del Congreso tras días de protestas de agrupaciones de extrema izquierda que incluyeron disturbios en el Poder Legislativo.
La votación de la cámara alta salió adelante con el apoyo de 56 legisladores, 13 votos en contra y tres abstenciones. Tras haber obtenido el apoyo en buena parte del Frente de Todos -oficialismo- y Juntos por el Cambio -oposición ligada al expresidente Mauricio Macri-, la gran duda era el rol que adoptaría el kirchnerismo, pues varios de sus referentes ya se habían manifestado en contra del acuerdo. De hecho, Máximo Kirchner, hijo del matrimonio Kirchner, renunció a la conducción de la bancada en el Frente por sus discrepancias en la renegociación.
Ahora, Fernández obtiene la facultad para concretar un nuevo pacto con el FMI, marcando la diferencia con Macri, su antecesor, quien pidió el préstamo sin debate previo en el Congreso, violando la Constitución. Ese es el principal punto para los detractores de la refinanciación, donde se destacan sectores de izquierda: creen que así se legitima un empréstito que se tomó de forma ilegal.
Posible acuerdo con el Fondo
Por ahora, las conversaciones entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el organismo internacional, determinan que el FMI daría un nuevo crédito a Argentina, para abonar el anterior sin caer en 'default' o incumplimiento de pago. La nación deudora ya había desembolsado varios giros antes de los vencimientos, por lo que ahora el monto acordado es de casi 37000 millones de dólares, que se entregarán al país en 11 oportunidades.
Uno de los puntos más controvertidos del posible pacto es que el Fondo revisará las cuentas argentinas de forma trimestral. Mientras, el Ejecutivo promete achicar el déficit fiscal, una tarea difícil para un país con un 40 por ciento de pobres y un elevado gasto público. Se estima que el plazo de devoluciones -con sus respectivos intereses- será de diez años, con un periodo de gracia de otros cuatro, siendo plazos más accesibles que los acordados con Macri. Igualmente, aún no hay nada firmado.
Así, la votación del Legislativo es clave por varios motivos, sin mencionar el respiro económico. Primero, para que el Gobierno obtenga un poco de fortaleza política tras la derrota en las elecciones de medio término, lo que provocó cambios en la mitad del Gabinete. Segundo, para que el proceso sea legal.
Tercero, para que sea sostenible en el tiempo, ya que varias administraciones se verán obligadas a pagar: las fuerzas políticas que votaron a favor no deberían desconocer el debate en caso de llegar a la Presidencia el día de mañana. Y cuarto, para que el organismo financiero demuestre algo de responsabilidad, tras haberle dado a Macri el crédito más alto en su historia, sin el aval del Congreso.
Crispación en las calles
La reestructuración también genera mucha tensión social, que estos días se ha trasladado a las calles de la capital, que se vieron plagadas de manifestaciones de extrema izquierda que pedían "que la crisis la paguen los patrones". El jueves último el Legislativo permanecía vallado ante la presencia de cientos de manifestantes que se oponen al acuerdo.
El punto máximo del clímax ocurrió el viernes pasado, cuando la refinanciación era debatida por la Cámara de Diputados. Junto al Congreso, una movilización masiva de la izquierda para rechazar el pago al Fondo se vio enturbiada por un pequeño grupo de violentos que generó importantes incidentes, incluido el lanzamiento de piedras contra el Legislativo.
En consecuencia, se produjeron destrozos en el despacho de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuya oficina da hacia la Avenida Entre Ríos. Para la líder del peronismo argentino, los ataques contra su lugar de trabajo fueron intencionales.
El martes último, otra gran movilización frente al Ministerio de Desarrollo Social estuvo protagonizada por agrupaciones que nuclean a trabajadores de la economía popular; es decir, que dependen de planes sociales del Estado.
Los manifestantes exigieron salarios que igualen la canasta básica familiar, así como dejar las viejas recetas del Fondo, mientras denunciaban que el plan de ajuste ya se estaba implementando sobre los sectores humildes. La jornada tuvo un acampe multitudinario sobre la Avenida 9 de Julio, la más importante de Buenos Aires, y al día siguiente marcharon hacia el Ministerio de Trabajo.
