Declaran en rebeldía a exministra golpista durante juicio en Bolivia
Roxana Lizárraga es acusada de haber viabilizado la llegada ilegal de armamento de parte del Gobierno ecuatoriano.
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La exministra de Comunicación del Gobierno de facto boliviano de Jeanine Áñez (2019-2020), Roxana Lizárraga.
La exministra de Comunicación del Gobierno de facto boliviano de Jeanine Áñez (2019-2020), Roxana Lizárraga, fue declarada en rebeldía durante la audiencia judicial de medidas cautelares realizada por un juez de instrucción penal de La Paz.
Lizárraga formaba parte del Gabinete de Áñez a propuesta del entonces cívico Fernando Camacho, uno de los principales organizadores del Golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
Fue citada por la Fiscalía a declarar en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo por la importación ilegal de armamento no letal, como gases lacrimógenos, desde Ecuador.
De acuerdo al fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, la imputada no asistió a la audiencia ni se justificó, por lo que la autoridad jurisdiccional valoró los extremos y la declaró en rebeldía.
Alave dijo al respecto: “Hoy (miércoles) se realizó la audiencia de medidas cautelares a las 14:00 horas en contra de la exautoridad y al haberse cumplido con la notificación legal, mediante edictos, como dispone la norma, la imputada no asistió a la audiencia ni justificó su inasistencia, el juez valoró esos extremos y declaró la rebeldía”.
La exministra del Gobierno de facto es investigada por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes al establecerse que existen indicios de que facilitó que agentes químicos de Ecuador ingresen al país.
El fiscal coordinador anticorrupción a cargo del caso, Eddy Flores, recordó que la pesquisa contra la exfuncionaria estatal comenzó porque se determinó que el 15 de noviembre de 2019, en el inicio del período abierto por el golpe de Estado, tuvo una reunión en el Palacio de Gobierno con la entonces presidenta de facto Jeanine Áñez y los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente.
De acuerdo a la versión acusatoria del fiscal, Lizárraga hizo una llamada telefónica a un funcionario policial de la República del Ecuador en aquella ocasión, cuando se habría acordado que ese país facilitara armamento antimotín consistente en 5 mil unidades de granadas de mano LG-302, 2 mil 389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm, y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
