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Los datos ofrecidos señalan que los mineros ilegales violentan sistemáticamente a mujeres, niñas y niños a cambio de comida. Al mismo tiempo, se detallan casos de violación a infantes indígenas.

Testimonios recogidos en el estudio denunciaron la postura de los mineros, quienes ofrecen bienes para contraer matrimonio infantil, y condenaron el deceso de tres niñas en 2020 a causa de enfermedades de transmisión sexual.

La Asociación Hutukara Yanomami subrayó que el dominio de los mineros sobre la tierra indígena yanamomi creció principalmente a partir de la segunda mitad de 2020, durante la pandemia de la COVID-19.

La indagación refirió que la minería ilegal tuvo un crecimiento del 30 por ciento en 2020 y del 46 por ciento en 2021 en dicho territorio que es la mayor reserva del país, con más de 10 millones de hectáreas distribuidas entre los estados Amazonas y Roraima. Entre 2016 y 2021, la minería ilegal en la tierra indígena yanomami creció un 3 350 por ciento.

Según la entidad, desde 2019 hasta la fecha “murieron cuatro niños por desnutrición, un adolescente por malaria y siete personas por agresiones”. Otra de las consecuencias de la presencia de los mineros, catalogados como garimpeiros es la deforestación, la contaminación de ríos, la violencia y enfermedades como la malaria.

Alrededor de 29 jmil indígenas viven en la zona, en aproximadamente 350 comunidades y hay 273 comunidades afectadas por la minería, lo que impacta a más de 16 mil personas.

Según las declaraciones de los yanomami, la presencia de los mineros es principalmente el resultado de las elecciones del presidente Jair Bolsonaro, en donde la “política del gobierno actual” es “fomentar y apoyar la actividad, a pesar de su carácter ilegal, produciendo así la expectativa de regularización de la práctica”.