Bolsonaro tiene diez días para explicar indulto a diputado
Tras cumplirse el plazo, el Fiscal General y el Abogado General de la Unión tendrán que comparecer ante el jurado. La Asociación Brasileña de Prensa (ABI) denunció al mandatario en Naciones Unidas.
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La Asociación Brasileña de Prensa (ABI) denunció en Naciones Unidas al presidente Jair Bolsonaro por conceder el indulto al diputado
El presidente Jair Bolsonaro tiene un plazo de diez días para que explique el decreto que indulta al diputado Daniel Silveira, determinó el lunes pasado la jueza del Supremo Tribunal federal de Brasil, Rosa Wewer.
Terminado este plazo, el Abogado General de la Unión y el Fiscal General de la República tendrán que comparecer ante el jurado sucesivamente en un plazo de cinco días.
La disposición se llevó a cabo luego de que se levantaran cuatro acciones en la Corte Suprema contra el indulto del Silveira interpuestas por las bancadas de la Red de Sostenibilidad (Rede), el Partido de los Trabajadores (PT), Ciudadanía y el Partido Socialismo y Libertad (Psol).
El diputado indultado por Bolsonaro el pasado 21 de abril había sido condenado a ocho años y nueve meses por amenazar a ministros del Supremo Tribunal Federal y pedir el cierre de la corte, el parlamento, y promover una intervención militar.
A pesar de esto, el presidente decidió anunciar por su cuenta de Twitter que indultaría a Silveira lo que levantó una fuerte polémica en Brasil y partidos opositores recurrieron al supremo para buscar explicaciones sobre la acción del mandatario y anularla.
El partido Rede, por su parte, expuso que si bien el líder del Ejecutivo tiene derecho a otorgar indultos, este ocurrió con un desvió de finalidad pues no debe utilizarse ese recurso para proteger a un aliado y menos ante una pena justa establecida por el poder Judicial.
El poder judicial se encuentra evaluando desde el viernes pasado los recursos presentados contra Jair Bolsonaro por indulgencia.
Denuncian en ONU
Por su parte, la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) denunció en Naciones Unidas al presidente Jair Bolsonaro por conceder el indulto a su aliado diputado Daniel Silveira, condenado por la Corte Suprema.
La demanda de la ABI fue dirigida al relator sobre la Independencia del Poder Judicial, Diego García-Sayán, según revela el periodista Jamil Chade, del portal UOL. Un día después de que Silveira fuera sancionado el 20 de abril por el Supremo Tribunal Federal (STF) a ocho años y nueve meses de prisión por actos antidemocráticos, Bolsonaro dio la gracia al legislador.
Como presidente, el exmilitar tiene la prerrogativa de dar el indulto, sin embargo, su decisión fue recibida como una forma de desacreditar al Poder Judicial.
La ABI argumentó en la ONU que el acto del mandatario de tendencia ultraderechista era una "usurpación de poderes" y solicitó una reunión con García-Sayán para exponerle "las amenazas a la democracia y a la independencia del Poder Judicial" realizadas por el gobernante.
Según UOL, el documento de la ABI sugiere que el relator del organismo internacional acompañe el caso Silveira y la ONU adopte una posición sobre las disposiciones de Bolsonaro para desafiar el STF.
El decreto presidencial causó una fuerte polémica en la sociedad brasileña y partidos opositores recurrieron ante el Supremo para anular el perdón.
La organización política Red de Sustentabilidad admitió que el jefe de Estado tiene derecho constitucional de otorgar absolución a un condenado por la justicia, pero hubo un "desvío de finalidad".
Explicó que no se puede admitir que esa prerrogativa del presidente "sirva para proteger a un aliado político y particular de justa pena establecida por el Poder Judicial".
Bajo este escenario, la Justicia Federal de Río de Janeiro fijó un plazo de 72 horas para que el Gobierno explique la disposición que concedió la indulgencia individual a Silveira.
Tal determinación, firmada por el juez federal suplente Carlos Ferreira de Aguiar, está relacionada con una solicitud que alega uso indebido de propósito en el acto de Bolsonaro, según el diario O Globo.
Los demandantes piden que se detenga el indulto; según los abogados, el "decreto transforma el instituto de la gracia en verdadera revisión penal, arrogándose un poder devolutivo y suspensivo inexistente, contrario a la Constitución, y obstaculizando el libre ejercicio del Poder Judicial".
