Militares admiten ejecuciones extrajudiciales en Colombia bajo el mandato de Álvaro Uribe
Unas seis mil 402 personas fueron asesinadas haciéndolos pasar por guerrilleros
Un general del Ejército, otros nueve militares y un civil relataron cómo secuestraron y asesinaron civiles durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate en medio de la llamada "seguridad democrática" impulsada por el exmandatario colombiano.
Los militares detallaron que escogieron deliberadamente a ciudadanos de entre 25 y 35 años que traían de otras partes del país para ultimarlos.
Las acciones formaban parte de una "política institucional" con el objetivo de contabilizar cadáveres y aumentar los llamados “falsos positivos”, según relataron en el segundo día de audiencia del macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz celebrada en Ocaña, región de Norte de Santander.
"Eran asesinatos que se cometían con seres humanos inocentes que no tenían ninguna vinculación con grupo alguno al margen de la ley", indicó el exsargento Sandro Mauricio Pérez Contreras, uno de los testificantes.
Ante familiares de víctimas relató cómo atraían a jóvenes de zonas urbanas del centro del país ofreciéndoles trabajos para entregarlos a militares que los mataron.
En tanto, el general retirado Paulino Coronado, reconoció haber omitido crímenes de guerra en su cadena de mando y detalló que bajo su liderazgo, 11 jóvenes fueron víctimas de los “falsos positivos”.
Los testificantes de esta jornada fueron imputados por el Tribunal de Paz en julio de 2021 por los crímenes de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Un total de seis mil 402 ejecuciones extrajudiciales se dieron durante el mandato de Uribe, quien hizo de la lucha contra la guerrilla de las FARC-EP su bandera de triunfo e implementó lo que llamó política de "seguridad democrática", que tenía el fin de acabar con el poderío de la guerrilla, detalla la Jurisdicción Especial para la Paz.
Uribe asegura que se trata de "casos aislados" y niega que el Ejército llevara a cabo una acción sistemática contra civiles, pero las víctimas siguen pidiendo que se sepa quién dio la orden.