Extraditado a EE.UU. narcotraficante colombiano exlíder del Clan del Golfo
Iván Duque, presidente de Colombia, firmó la extradición. Dairo Antonio Úsuga David, conocido como 'Otoniel', fue trasladado la tarde de ayer miércoles a EE.UU., en donde es requerido por cargos de narcotráfico.
El exlíder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, conocido como 'Otoniel', fue extraditado la tarde de ayer miércoles a EE.UU., en donde es requerido por cargos de narcotráfico.
De acuerdo con fuentes oficiales, consultadas por períodico colombiano El Tiempo, el excapo fue trasladado al Comando Aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana, Catam, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.
En esta base militar de Catam se encuentra el hangar de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés).
En abril pasado el presidente de Colombia, Iván Duque, firmó la extradición a EE.UU., país donde es requerido por cargos de narcotráfico.
Acusaciones de narcotráfico
'Otoniel' es requerido por dos tribunales de EE.UU.: la Corte del Distrito Sur de Florida y la Corte Este de Nueva York. Los cargos que se le imputan incluyen concierto para delinquir, distribución internacional de cocaína, y uso de armas de fuego con el fin de fomentar el tráfico de drogas.
El 23 de octubre de 2021, las fuerzas de seguridad colombianas capturaron a 'Otoniel' en la operación Osiris, en el Urabá antioqueño. El presidente Iván Duque calificó la aprehensión como el golpe "más duro" al narcotráfico en lo que va del siglo XXI en el país.
El exlíder tenía órdenes de captura pendientes por una serie de delitos, incluyendo homicidio, reclutamiento ilícito, secuestro extorsivo, terrorismo, porte ilegal de armas y narcotráfico. Pese a las acusaciones en Colombia.
Extradición en pausa
Aunque se esperaba que 'Otoniel' fuese extraditado en los 10 días siguientes tras la firma del mandatario, el procedimiento fue suspendido por orden del Consejo de Estado de Colombia, que pidió resolver una demanda de tutela interpuesta por víctimas, que alegaron que sus derechos a la justicia y la reparación serían violados si el individuo era enviado a territorio norteamericano.
Mantuvo conversaciones con la Fiscalía, con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y con la Comisión de la Verdad. Los magistrados del tribunal creado con el Acuerdo de Paz lo citaran, en varias ocasiones, para preguntarle sobre falsos positivos y la violencia en Urabá. En su última declaración, el jefe máximo del Clan del Golfo habló de nexos con políticos y empresarios.
El rotativo colombiano El Espectador publica que entrelos señalamientos de Otiniel figuran, por ejemplo, que el candidato presidencial Luis Pérez tendría nexos con alias Mi Sangre, un temido jefe paramilitar. También habló de pagos al excomandante del Ejército, Mario Montoya; y de las supuestas gestiones del excomandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, para que las Autodefensas se movieran a sus anchas. E, incluso, de pagos al exdirector del DAS Jorge Noguera para asegurar que nombrara en Casanare a un directivo supuestamente favorable a los paramilitares: Orlando Rivas.
De hecho, Otoniel intentó entrar a la JEP para obtener beneficios. Le aseguró a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que, como miembro de las Autodefensas y del Clan del Golfo mismo, había promovido y financiado el conflicto. Es decir, que podría entrar en la categoría que esa corporación define como “tercero civil”. Prometió contar la verdad e incluso sugirió que se convertiría en un “gestor de paz” para asegurar un sometimiento del Clan del Golfo a la justicia. Pero la justicia especial rechazó de plano su propuesta en marzo pasado.
También intentó hablar con los medios de comunicación, pero no pudo. Caracol tenía programada para el 5 de mayo, a las 8:00 a.m., una entrevista con el capo. Un juez de Bogotá le ordenó a la Fiscalía garantizar que el equipo periodístico pudiera hablar con Otoniel. En el fallo se lee que la entrevista misma “contribuye de manera directa a la protección de los derechos fundamentales de las víctimas, pues las mismas tienen derecho a saber lo que ocurrió y el ejercicio de dichos derechos no pueden ser obstaculizado por la parte accionada”. Al final, se truncó.
Finalmente, el Consejo de Estado levantó la suspensión y las autoridades colombianas pudieron entregar a 'Otoniel' a la DEA.