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El Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció este miércoles que pedirá a la Asamblea Legislativa la extensión del régimen de excepción que ya llega a sus dos meses de vigencia y el cual, de ser ampliado llegaría a los 90 días desde su imposición en el pasado mes de marzo.

El régimen se aprobó en la madrugada del domingo 27 de marzo y publicado de inmediato en el Diario Oficial; como finalizó el lunes 25 de abril, el domingo 24 de abril la Asamblea Legislativa convocó a una plenaria extraordinaria para aprobar una ampliación por 30 días más, los cuales terminan a la medianoche de este miércoles.

Una reunión del Consejo de Ministros salvadoreño adelantó que hará la petición oficial al parlamento local con el propósito de ampliar un mes más la suspensión de garantías constitucionales a la población salvadoreña.

La petición se produce cuando diferentes especialistas en derecho constitucional han señalado que el régimen solo puede prorrogarse una vez, y también pese a las múltiples denuncias por posibles violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, indicó que suspender el régimen de excepción implicaría que los pandilleros que aún están libres vuelvan a delinquir.

"Si no continuamos con el régimen de excepción, los pandilleros que aún están libres comenzarán a hacer de las suyas. Incluso hay algunos atrevidos terroristas que con todo y el régimen han querido seguir extorsionando y delinquiendo", precisando.

Sin embargo, diputados de la oposición, encabezados por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) manifestaron que no apoyarían la ampliación del régimen de excepción por 30 días más debido a que permite seguir capturando a personas inocentes.

El jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, afirmó que “como grupo parlamentario del FMLN, no vamos a respaldar como lo hemos hecho antes y en este tercero (régimen) con mucha más razón”. Guevara mencionó que hay una enorme cantidad de personas que están detenidas pagando algo que no deben y que hay una violación a los derechos humanos porque las capturas han quedado a criterio de soldados o de agentes de la Policía Nacional Civil.

Por su parte, la abogada constitucionalista, Ruth Eleonora López, advirtió que no hay “fundamento legal” para ampliar por un tercer periodo ese estado, el cual según cifras del Gobierno ha llevado a la cárcel a más de 30.000 personas acusadas por las autoridades de seguridad de pertenecer a pandillas y de haber cometido delitos bajo esa figura.

En la última semana fueron reveladas por medios de prensa audios de personeros del Gobierno que vendrían a demostrar la complicidad del mismo con los pandilleros y en la crisis que llevó al fin de semana sangriento de marzo pasado.