La Fiscalía de Ecuador denunció ayer miércoles, en la décima jornada de protestas contra el Gobierno de Guillermo Lasso, que un grupo de manifestantes atacó el edificio de la sede central en Quito, capital del país. 

De acuerdo a lo informado por el órgano judicial, algunas personas ingresaron a las unidades fiscales de Tránsito y quemaron documentación en la vía pública.

Además, varios ventanales fueron destruidos por el lanzamiento de objetos contundentes desde afuera del edificio. También se reportaron destrozos en el interior.

La Fiscalía informó que la sede estuvo "bajo ataque, pese a que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han intentado evitar que ocurran nuevos hechos". 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), impulsora del Paro Nacional iniciado el 13 de junio, rechazó la agresión y señaló que "los autores de estos graves hechos no forman parte del movimiento indígena".

Los diez días de protestas indígenas que han estremecido a Ecuador en cinco puntos clave
"Nuestra medida de hecho continúa llamando a evitar vandalismo", señaló la agrupación.

La administración de Lasso se negó  a derogar el estado de excepción con el argumento de que no puede dejar "indefensa a la capital", según manifestó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. 

Esta decisión aleja las posibilidades de establecer un diálogo entre la Conaie y la gestión de Lasso, ya que las organizaciones indígenas pusieron como condición para iniciar negociaciones que se levante el estado de excepción y se termine la represión policial, que ya ha dejado dos muertos y un centenar de heridos.  

En esta décima jornada de protestas, la Conaie ha reiterado que se manifiesta de forma pacífica en todo el país, y que mantiene el paro y las 10 peticiones, que fueron entregadas al Ejecutivo. 

Estas son:

Reducción y no más subida del precio de los combustibles; moratoria y renegociación de deudas con la banca para más de cuatro millones de familias; precios justos en los productos del campo; empleo y derechos laborales; salud y educación; moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera; respeto a los 21 derechos colectivos; alto a la privatización de los sectores estratégicos; políticas de control de precios y acciones públicas efectivas para frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra al Ecuador.