Liudmila Denísova fue destituida del cargo de defensora del pueblo de Ucrania el pasado 31 de mayo por la Rada Suprema -el Parlamento del país- por desconfianza. Entre los motivos para su destitución figura la de ofrecer a los medios de comunicación  "numerosos detalles de 'crímenes sexuales cometidos de manera antinatural' y 'violaciones de niños' en los territorios ocupados que no pudo confirmar con evidencias".

Según se publica, Denísova denunció en repetidas ocasiones presuntos casos de violencia sexual que dijo fueron cometidos por militares rusos contra menores ucranianos, algunos de ellos de solo meses de edad, delante de sus madres. La exfuncionaria sostenía que los rusos usaron varios objetos para cometer los crímenes sexuales, como una vela o una cucharilla.

Sus palabras despertaron el interés de la Fiscalía de Ucrania, que al parecer no pudo probar las acusaciones de Denísova. En abril, el organismo pudo confirmar solo un caso de maltrato a un niño, mientras que a mediados de junio la cifra aumentó a dos, reza un informe de Ukraínskaya Pravda publicado el 27 de junio.

Paralelamente, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley intentaron investigar por su cuenta las afirmaciones de la defensora del pueblo. "Revisaron todos los llamamientos a los médicos, declaraciones hechas a la Policía, informes de muerte, tratando de encontrar los casos que describió Denísova", señala el medio, agregando que "todo este trabajo fue en vano". 

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Los periodistas, a su vez, quisieron desarrollar las historias relatadas por la exfuncionaria, pero no pudieron encontrar ninguna confirmación para sus publicaciones. Ante ello, los medios de comunicación ucranianos firmaron entonces una petición colectiva, solicitando a Denísova elegir con cuidado sus palabras y no distribuir información no verificada. 

Información obtenida de su hija

Los fiscales ucranianos decidieron citar a la exfuncionaria como testigo sobre los casos investigados, pero inicialmente Denísova no nombró a la fuente que le proporcionó la información sobre los supuestos crímenes. No obstante, en el segundo interrogatorio reconoció que fue su propia hija, Aleksandra Kvitkó, quien le comunicó los datos.

Kvitkó se desempeñaba como psicóloga a cargo de una 'línea directa psicológica' que puso en funcionamiento su madre y que contaba con el apoyo de Unicef. Sin embargo, las fuentes que hablaron con el medio señalaron que la denominada 'línea Kvitkó' se diferenciaba de todas las demás líneas directas de la organización, sobre todo por la falta de transparencia.

Algunos miembros del organismo incluso ponen en duda que los "psicólogos de Unicef", que formalmente eran operadores ordinarios y supuestamente trabajaban en la 'línea Kvitkó', fueran reales. Además, el medio afirma, citando a fuentes, que ninguno de los delitos denunciados públicamente por Denísova y su hija fueron remitidos a la Policía, así como tampoco lo fueron los contactos de las supuestas víctimas.

Aleksandra Kvitkó también fue interrogada por la Fiscalía ucraniana en diferentes ocasiones, en las que aseguró haber recibido en un mes y medio unas 1040 llamadas, 450 de las cuales se referían a violaciones de menores. Tal información resultó ser falsa, ya que el registro oficial de las llamadas, obtenido por los fiscales, reveló que  estas fueron 92. 

Después de que las revelaciones salieran a la luz, tanto Denísova como Kvitkó se negaron a responder a los comentarios de Ukraínskaya Pravda. Según Kvitkó, eso se debe a que la investigación está en curso.