Intelectuales repudian asedio político contra Cristina Fernández
En una declaración aseguran que la condena a 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos a Cristina, confirma la intención de proscripción antidemocrática que asola y trata de devastar la voluntad liberadora de la región.
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Fiscales condenaron a Cristina Fernández a 12 años de prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Capítulo Argentina, repudió el mecanismo de lawfare en contra de los gobiernos populares latinoamericanos y en especial el que asedia a la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner.
La guerra judicial, mecanismo de estigmatización y persecución de la dirigencia política del campo popular, busca a través de su feroz proscripción, el disciplinamiento y sometimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos populares, emancipadores y soberanos, dice la Red en su comunicado.
La nueva embestida llevada adelante en el marco de la denominada “Causa Vialidad” no es más que otro deplorable capítulo en la larga serie de golpes, acosos judiciales, encarcelamientos y destierros de líderes populares latinoamericanos, perpetrados a través del armado judicial de causas fabricadas, falsas denuncias, aprietes a presuntos arrepentidos, con la complicidad del poder mediático hegemónico. Víctimas de tales iniquidades fueron y son muchos países hermanos y líderes como Dilma Rousseff, Lula Da Silva, Rafael Correa, Jorge Glas, Evo Morales y Pedro Castillo.
La condena propuesta por los impresentables fiscales a 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos a Cristina, no hacen más que confirmar la intención de proscripción antidemocrática que asola y trata de devastar la voluntad liberadora de nuestra región.
Constituye una afrenta y una vulneración de los derechos que asisten a Cristina Fernández, que a diferencia de dirigentes opositores, se ha caracterizado por estar a derecho cada vez que fue convocada por las autoridades judiciales y a la que no se le ha permitido conocer las pruebas presuntas ni se le aceptó su solicitud de auditoría de todas las obras públicas del país.
La triste exhumación de la figura de la "asociación ilícita" nos alerta acerca de la importancia de cohesionar nuestra movilización, repudio y condena a las acciones diseñadas desde el norte, con la complicidad de los poderes corporativos regionales.
Solo la solidaridad de nuestras redes y la lucha y movilización de nuestros pueblos podrá frenar los atropellos que obstaculizan la concreción de sociedades justas y enfrentar a los intereses geopolíticos harto conocidos por nuestras naciones, concluye la declaración.
