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Los detractores del país han de rendir cuentas al Estado y sus instituciones y no deben quedar al margen de la persecución penal, declaró el presidente tunecino, Kais Saied, durante su reunión con la ministra de Justicia, Leila Jaffal, en el Palacio de Cartago.

De acuerdo con Saied, el colaboracionismo con el extranjero no otorga inmunidad a sus agentes y asalariados.

Ambas figuras del gobierno discutieron temas relacionados con el normal funcionamiento de la institución pública de la judicatura.

También reiteraron su firme compromiso de garantizar la independencia del poder judicial y abrir todos los expedientes sin excepción ni demora.

El encuentro permitió, además, examinar los procedimientos ante los tribunales, establecidos para garantizar los derechos de los litigantes y en particular aquellos casos no resueltos en el pasado.

A juicio de Saied, la Fiscalía tiene derecho a presentar los casos por si sola tan pronto como tenga conocimiento de cualquier acto tipificado como delito por la ley, y no necesita ninguna orden para desempeñar su función.

Continúan las protestas en Zarzis

Las declaraciones del presidente tunecino coincidieron con las protestas nocturnas contra el alto costo de la vida y el trato de las fuerzas de seguridad a los manifestantes en el pueblo de Zarzis, al sureste del país.

Según fuentes tunecinas, los altercados entre manifestantes provocaron la muerte de 18 jóvenes de la ciudad como consecuencia de un viaje de migración irregular.

A principios de junio, Saied emitió una orden presidencial para destituir a 57 jueces de sus funciones en el contexto de acusaciones en su contra.

El gobierno acusó a los juristas de alterar e invertir el curso de los casos, perturbar las investigaciones en expedientes relacionados con actos terroristas, corrupción financiera y moral.

No obstante, el Tribunal Administrativo suspendió la decisión en agosto pasado contra la mayoría de los jueces destituidos.