Acusarán a presidenta peruana de homicidio calificado
La ONG de Derechos Humanos Aprodeh acusó a Dina Boluarte de los más de 20 peruanos muertos por la represión policial durante las protestas de los últimos días.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) de Perú denunciará a la presidenta designada por el Congreso, Dina Boluarte, por el homicidio calificado de más de una veintena de peruanos en distintas regiones del país.
Las pruebas documentadas demuestran su máxima responsabilidad en los hechos, declaró a medios locales Gloria Cano, abogada de la Aprodeh, una Organización No Gubernamental con sede en el país.
El Gobierno de Boluarte declaró el miércoles pasado un estado de emergencia nacional y a partir de entonces al menos 20 personas perdieron la vida en enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas.
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La mayor parte de los decesos se registran en el departamento de Ayacucho, en el centro-sur del país.
Las protestas sociales estallaron el pasado 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó y apresó al presidente Pedro Castillo.
Sobre él pesa hoy una prisión preventiva de 18 meses, mientras avanza un proceso judicial en su contra por presunta rebelión.
Gloria Cano manifestó que Boluarte puede negar su implicación en las primeras muertes en el marco de las protestas, pero luego debió evitar acciones como las vividas en los últimos días.
“El hecho de sacar a las Fuerzas Armadas a reprimir con armas de fuego, la convierten en la máxima responsable”, sostuvo la defensora de los derechos humanos.
La ex vicepresidenta asumió la presidencia el pasado 7 de diciembre en reemplazo de Castillo, destituido antes por supuesta incapacidad moral.
Red humanitaria rechaza destitución de Castillo
La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad manifestó su rechazo a la destitución y posterior encarcelamiento del expresidente Castillo y la consideró una acción de “la dictadura parlamentaria peruana”.
La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad ante la crisis política en Perú https://t.co/voKKtMZ0TG
— Red en Defensa de la Humanidad (@HumanidadEnRed) December 17, 2022
En un comunicado, la Red califica el hecho como “un episodio más de una cadena de incidentes de ‘lawfare’ en los cuales una supuesta decisión jurídica es aplicada para deponer, inhabilitar políticamente o impedir la elección o reelección de un político progresista favorecido por el sufragio popular”.
Uno de los caminos más eficaces contra tales medidas de mala praxis jurídica es la protesta popular, en oportunidades la única manera de hacer prevalecer la voluntad de las mayorías contra los atentados de minorías oligárquicas, resaltó la Red.