Los bolivianos aguardan con expectativas la sentencia que una corte federal de Estados Unidos dictará contra Arturo Murillo, el rostro más visible de la represión durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
 
“La audiencia de sentencia de Murillo está fijada para el 4 de enero. Este es un paso importante hacia la justicia para Bolivia”, escribió el abogado Thomas Becker en su cuenta de Twitter.

Exministro de Gobierno (Interior), se declaró culpable el 20 de octubre último por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero en el país que respaldó el derrocamiento del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Según explicó el jurista en una conferencia en el centro cultural Nayra Wiri a la que asistió Prensa Latina, se prevé que en la audiencia de sentencia sea condenado hasta 10 años de prisión, según el Departamento de Justicia estadounidense.

Abogado de las víctimas de la represión contra quienes se opusieron en 2019 a la ruptura del orden constitucional en el país altiplánico, Bécker consideró que la sentencia será un paso importante para las familias de los fallecidos y heridos de Sacaba, Cochabamba, y Senkata, en El Alto, durante el gobierno de facto (2019-2020).

En 2019, sobre la base del Decreto 4078 -conocido como “de la Muerte”- fuerzas policiales y militares reprimieron con fuego de combate a civiles desarmados defensores de la democracia.

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Como resultado, murieron 38 personas, cientos fueron heridos y miles perseguidos, detenidos de manera arbitraria y torturados, en lo que constituyó una violación masiva de los derechos humanos, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

En su función ministerial, Murillo desembolsó 5,7 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor 3,3 millones de dólares por su adquisición.

El sobreprecio de 2,3 millones de la moneda estadounidense fue transferido a cuentas en Estados Unidos para beneficio del exministro y sus cómplices.

De acuerdo con la información aflorada durante las investigaciones en EE.UU., de esos 2,3 millones de dólares, 582 mil fueron para Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Murillo, y el resto fue dividido entre tres ciudadanos norteamericanos.

Arrestado y detenido en un reclusorio de Miami desde 2021, Murillo no pudo ocultar que utilizó bancos estadounidenses para movilizar esos recursos económicos.

Desenmascarado en su corruptela, el exrepresor prófugo de la justicia en Bolivia, optó por admitir su culpa ante un tribunal de Florida en busca de algún beneficio penal.