Combaten en EE.UU. ley migratoria basada en racismo antilatino
La abogada estadounidense Kara Hartzler busca nuevas estrategias para combatir la añeja ley de deportación que fomenta las separaciones familiares.
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Operación policial para contener la migración de latinos a Estados Unidos.
Mientras miles de niños fueron separados de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos durante la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra los cruces ilegales, la abogada de oficio federal en San Diego, Kara Hartzler, se propuso encontrar nuevas estrategias para combatir la añeja ley de deportación.
Según un extenso informe sobre el tema publicado en La Jornada sin Fronteras, Hartzler considera la sección 1326 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad —la cual califica como delito regresar ilegalmente a Estados Unidos después de la deportación, expulsión o admisión denegada— como racista y violadora de los derechos a la igualdad en la protección garantizados por la Quinta Enmienda constitucional.
Para Sirine Shebaya, directora ejecutiva del National Immigration Project (Proyecto Nacional de Inmigración), una organización sin fines de lucro, la sección 1326 es una norma fundamentada en una ideología explícitamente racista y supremacista blanca.
La referida norma, que criminaliza el ingreso no autorizado a Estados Unidos, junto con su contraparte de delitos menores (la Sección 1325), fue promulgada por el Congreso en 1952. Sin embargo, los orígenes de la ley pueden rastrearse un siglo atrás, durante la década de 1920, cuando renacieron las leyes segregacionistas promovidas por el Ku Klux Klan.
Muchos de los elementos clave de la actual defensa legal, examinadas ahora por el Noveno Circuito, provienen de los hallazgos discriminatorios en la Sección 1326.
Los abogados del Departamento de Justicia también reconocieron el mayor peso de la norma sobre las personas mexicanas y latinas. No obstante, argumentan que la disparidad es un producto de la geografía, no de la discriminación.
Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el año fiscal del gobierno federal estadounidense, el 96 por ciento de las personas acusadas bajo la Sección 1326 eran de México, Centroamérica, Sudamérica y las islas del Caribe de habla hispana.
Los casos de las secciones 1325 y 1326 se encuentran entre los cargos más procesados y alcanzaron cifras récord en el año presupuestario 2019, cuando casi 90 mil personas fueron acusadas bajo la Sección 1325 y casi 25 mil 500 bajo la Sección 1326.
La cantidad de procesamientos disminuyó cuando comenzó la pandemia de COVID-19, pero el Departamento de Justicia aún procesa a decenas de miles de personas anualmente por reingreso ilegal.
Conforme a la nota aparecida en La Jornada sin Fronteras, este año fiscal, por ejemplo, el Departamento de Justicia bajo el gobierno del presidente Joe Biden procesó 13 mil 670 casos bajo la Sección 1326. La gran mayoría de esos acusados recibieron cargos en estados fronterizos, incluidos Arizona, Nuevo México y Texas.
De acuerdo con informes sobre la política de inmigración de Trump, todos los adultos detenidos en la frontera sin autorización fueron acusados de entrada ilegal.
Como los niños no pueden ser encarcelados con sus padres, el Departamento de Salud y Servicios Humanos se hizo cargo de la custodia, pero no pusieron en marcha ningún sistema de reunificación, concluye la publicación.
