Culpan a Bolivia por violar derechos de procesados en caso Prosegur
El Estado boliviano, como resultado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe pagar una indemnización a un grupo de 26 personas procesados en el caso “Blas Valencia” en el gobierno del expresidente Jorge Quiroga, 2001 y 2002.
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Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia.
La Procuraduría General del Estado (PGE) recibió el miércoles una notificación virtual con la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte-IDH), por actos violatorios de los derechos humanos de los procesados por el caso “Blas Valencia” en el gobierno del expresidente Jorge Quiroga, 2001 y 2002.
El Estado boliviano, como resultado del fallo, debe pagar una indemnización a un grupo de 26 personas procesados en la referida causa.
El proceso lleva el apellido del exjefe policial Blas Valencia, quien en 2001 perpetró, junto a su banda delictiva, un atraco armado a una remesa de la empresa Prosegur con el saldo de tres muertos, dos policías y un civil.
De acuerdo con la Procuraduría, el fallo internacional enfatiza la preocupación por el tiempo transcurrido de más de 18 años, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso a la Corte IDH.
El dictamen contiene testimonios y pruebas del uso excesivo de la fuerza y graves atentados contra los derechos humanos de familiares de Blas Valencia y otros procesados por el atraco.
En ese entonces ejercía la presidencia por sucesión constitucional, Jorge Tuto Quiroga. El comandante general de la Policía, Walter Osinaga, quien dirigió el operativo del caso Prosegur fue condenado años después por encubrimiento e incumplimiento de deberes en el Caso Prosegur II, indicaron reportes de prensa.
Según la sentencia de la Corte IDH, diversos allanamientos se practicaron en al menos ocho inmuebles. Los policías golpearon a las mujeres en sus partes íntimas y amenazaron a hijos e hijas frente a sus parientes para forzar a los últimos a confesar.
El fallo también ordenó al Estado la creación e implementación de un plan de capacitación destinado a los miembros de la Policía Nacional de Bolivia, del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial, del Ministerio Público, Jueces y Defensores Públicos.
