El Senado francés aprobó en primera lectura la reforma de la jubilación impulsada por el Gobierno, proyecto que seguirá la próxima semana su camino parlamentario en medio del rechazo de los sindicatos y fuerzas políticas.
 
Con el apoyo de los conservadores del partido Los Republicanos (LR), dominante en la Cámara alta, el oficialismo consiguió un paso importante y esperado entrada la noche de este sábado, séptima jornada de protestas multitudinarias y huelgas desde el 19 de enero para exigir la retirada de la iniciativa.

La reforma incluye la extensión de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años, y recibió el Sí de 195 senadores y el No de 112.

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La izquierda denunció el empleo de recursos por LR y el Gobierno para acelerar las discusiones en el hemiciclo, marginar una parte de sus enmiendas, limitar las intervenciones e imponer un voto único del proyecto, también cuestionado por representar un aumento del período de cotizaciones y la eliminación de regímenes especiales de pensiones.

El mes pasado el texto no pudo votarse en la Asamblea Nacional, instancia con la última palabra en el ámbito legislativo, por el accionar de la oposición, que presentó alrededor de 20 mil enmiendas, la mayoría por La Francia Insumisa.

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La reforma será analizada el 15 de marzo próximo en comisión mixta de siete senadores e idéntica cantidad de diputados, antes de su regreso el 16 del propio mes a la Asamblea.

A partir de los procedimientos fijados, el 26 de marzo será la fecha límite para el voto sobre un cambio legal digno del rechazo unánime de los sindicatos, un escenario atípico en los últimos años.

Este sábado, cientos de miles de personas volvieron a las calles contra el texto, y ya la Intersindical anunció una nueva jornada de movilización para el día 15.

Los gremios acusan al presidente Emmanuel Macron de ignorar el repudio mayoritario al proyecto y le solicitaron una reunión de urgencia más una consulta popular sobre el asunto.

De acuerdo con los detractores del texto, el Gobierno podría recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para adoptarlo sin voto parlamentario, una decisión que, advirtieron, sería antidemocrática.