Fiscalía de Perú investigará a Dina Boluarte por organización criminal
La indagación fiscal por el presunto delito de lavado de activos en la campaña electoral del 2021 incluye al expresidente Pedro Castillo.
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Dina Boluarte, presidenta de Perú.
La presidenta designada de Perú, Dina Boluarte y el exmandatario Pedro Castillo fueron incluidos en una investigación fiscal por supuestos aportes ilícitos durante la campaña electoral en las elecciones del 2021.
De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación está a cargo del juez Richard Rojas, quien decidió incorporar también al empresario Henry Shimabukuro por el presunto delito de organización criminal.
La medida es una ampliación de la indagatoria contra el político Vladimir Cerrón y el aprtido Perú Libre por lavado de activos.
🚨| Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió investigación contra Pedro Castillo, Dina Boluarte y Henry Shimabukuro por los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal. 1/2 pic.twitter.com/xWfrvbtd1n
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 29, 2023
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Con anterioridad, Shimabukuro admitió ante los medios haber financiado los viajes y actividades proselitistas de Dina Boluarte durante la última campaña electoral.
El pasado domingo, la jefa de Estado rechazó las acusaciones en su contra y las calificó de maniobras políticas encaminadas a desestabilizar su administración.
Según algunos comentarios emitidos desde la presidencia, Shimabukuro colaboró con la campaña electoral en 2021 a título personal y sin transar compromiso alguno.
No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte. La entonces candidata a la vicepresidencia no ha recibido dinero alguno de ese señor, ni de nadie (3/5).
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 27, 2023
Sin embargo, la oposición en el Congreso anunció una moción de destitución contra Dina Boluarte, la cual pudiera ser formalizada esta semana por el pleno del ente legislativo.
La gobernante debió responder el lunes a la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, por otro caso de corrupción referido a irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.
A principios de marzo comenzaron las investigaciones preliminares contra Asayag, acusada de tráfico de influencias, delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente del sistema de seguridad social y de salud, Aurelio Orellana.
