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El gobernador de Santa Cruz en Bolivia, Luis Fernando Camacho, asumirá su defensa en audiencia de medidas cautelares el 18 de abril próximo por la compra irregular de un carro de bomberos, aseguró una fuente autorizada.
 
Según afirmó el abogado Marcelo Aliaga, se van adherir a la solicitud del Ministerio Público y pedirán la detención preventiva por el plazo de 180 días.

Las investigaciones señalaron como irregular la compra del motorizado, y sólo cuando se hizo la denuncia penal la parte imputada activó las gestiones para que el carro llegara a territorio nacional, aseguró el jurista.

La Gobernación pretende ahora hacer una disolución de contrato con la empresa, por lo tanto, la su conducta debe ser sancionada, aseveró el juez.

Una denuncia del diputado Rolando Cuellar activó este expediente, el cual revela el contrato de compra el 28 de enero de 2022, con entrega prevista para el 27 de junio. Sin embargo, hasta agosto no se concretó esa operación.

Por estos hechos, Camacho es acusado de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

De acuerdo con la parte acusatoria, presuntamente hubo una contratación irregular, porque el motorizado fue comprado por invitación directa y no mediante licitación pública.

Entre tanto, la fiscalía demandó, mientras avanzan las pesquisas, la detención preventiva de Camacho por seis meses en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, donde actualmente guarda reclusión cautelar por 120 días como uno de los principales acusados en el caso Golpe de Estado I.

En ese otro expediente se investiga el complot que forzó en noviembre de 2019 la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales, impuso un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez (2019-2020) y dio lugar a las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata, con saldo de 38 muertes, cientos de heridos y miles de apresados y torturados ilegalmente.