El expresidente Jair Bolsonaro será escuchado el 26 de abril por la Policía Federal (PF) de Brasil dentro del marco de las investigaciones sobre los actos golpistas del 8 de enero, confirmó el portal G1.
 
Tal determinación fue hecha por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), el cual atendió una solicitud de la Fiscalía General, y el 14 de abril dio un plazo de 10 días para que la PF preste oídos al exgobernante.

Bolsonaro emitirá su testimonio en la sede de la fuerza del orden público en Brasilia.

Los investigadores creen que una publicación realizada por el político ultraderechista el 11 de enero pasado lo vincularía a los actos golpistas, pues el mensaje compartido por él ponía en duda, sin pruebas, el sistema electoral.

Ese movimiento fue evaluado como una señal de que el excapitán del Ejército pudo incentivar las acciones antidemocráticas.

Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de partidarios radicales de Bolsonaro irrumpieron violentamente y saquearon el 8 de enero último las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.

El Supremo verá la próxima semana las denuncias contra más de 200 involucrados en la tentativa golpista.

Según la estatal Agencia Brasil el proceso virtual comenzará el 25 de abril y finalizará el 2 de mayo.

En esa modalidad, los ministros depositan los votos de forma electrónica y no hay deliberación presencial.

El próximo lunes se dará por concluido el de los primeros 100 denunciados. En total más de 1,3 mil personas fueron imputadas por la Procuraduría General de la República.

Si la mayoría de los ministros del STF aceptan las denuncias, los implicados pasan a responder por una acción penal y se convierten en acusados.

Después De Moraes, relator de los procesos, deberá analizar el mantenimiento de la detención.

Según la corte superior, de 1,4 mil personas detenidas el día de los ataques, 294 (86 mujeres y 208 hombres) permanecen en el sistema penitenciario del Distrito Federal. Las demás fueron liberadas por no representar riesgos para la sociedad y las investigaciones.