La Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó el lunes al gobierno atender a 357 personas de 102 familias afrocolombianas del departamento del Chocó, víctimas de desplazamiento forzoso a causa de enfrentamientos entre grupos armados.

Según el órgano constitucional, esta es la cuarta ocasión en el 2023 que los pobladores del referido territorio son afectados por una emergencia similar. Las comunidades removidas pertenecen a los caseríos Barranconcito, Buenas Brisas y San Agustín.

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En el 2022, la institución emitió una alerta temprana de las posibles vulneraciones y riesgos a los derechos humanos de los habitantes de estas aldeas.

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Ante la nueva situación, la Defensoría reiteró el llamado a los grupos armados ilegales en el Chocó a dejar por fuera de sus acciones a las comunidades afrocolombianas de esa región.

En la próxima semana está prevista una audiencia en Quibdó, la capital departamental, para tratar las diferentes afectaciones a las personas relacionados con los confinamientos y desplazamientos forzados de determinados colectivos en Colombia.