Corte Internacional de Justicia respalda demandas por daño climático
La opinión consultiva del tribunal abre la puerta a reclamaciones por daños contra países que incumplan sus obligaciones ambientales.
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La Corte Internacional de Justicia se pronuncia sobre las obligaciones legales de las naciones para abordar el cambio climático y las consecuencias que podrían enfrentar si no lo hacen. Foto: EFE.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que cuando un Estado incumple sus obligaciones internacionales sobre cambio climático, comete un acto ilícito en términos jurídicos.
Este tipo de violaciones, según el tribunal, podrían dar lugar a compensaciones a favor de los países más afectados, bajo ciertas condiciones y con pruebas de causalidad directa.
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La opinión fue emitida a solicitud de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, y marca una interpretación relevante del derecho internacional ambiental, aunque su carácter es consultivo y no vinculante.
Islas del Pacífico al frente de la acción jurídica
La iniciativa fue impulsada por Vanuatu, un pequeño Estado insular del Pacífico, que enfrenta de manera directa las consecuencias del aumento del nivel del mar y los fenómenos extremos.
Su ministro de Cambio Climático, Ralph Regenvanu, calificó la decisión de la corte como un hito y un giro decisivo en un momento crítico para los pueblos más vulnerables.
La CIJ recibió más de 100 alegatos durante las audiencias celebradas en diciembre, en su mayoría presentados por Estados en desarrollo, que hablaban por primera vez ante el tribunal.
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— Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) July 20, 2025
El derecho de las generaciones futuras
La corte concluyó que el sistema climático es parte integral del medio ambiente y los Estados están obligados a protegerlo, no solo para sus ciudadanos actuales, sino también para los del futuro.
También advirtió que fenómenos como el calentamiento global pueden lesionar derechos humanos fundamentales, como el acceso a la salud y a un entorno sano.
La instancia subrayó que, si bien es difícil probar el nexo causal entre los daños y las acciones u omisiones estatales, no es imposible y debe ser considerado por los tribunales nacionales e internacionales.
El pronunciamiento de la CIJ no obliga legalmente a los Estados, pero representa una guía para futuras decisiones judiciales y para el desarrollo del derecho en materia ambiental.