Fugarse a Argentina se ha vuelto una idea recurrente para el  expresidente brasileño Jair Bolsonaro. En el documento de 17 páginas publicado el sábado por el Supremo Tribunal Federal fundamentando la necesidad de arrestar al “líder” del golpe de Estado lanzado para derrocar y matar a Lula, se lo acusa de haber desactivado la tobillera electrónica con la intención de escaparse hasta el Sector de Embajadas Sur (SES), ubicado a unos 13 kilómetros de su residencia, donde se encuentra la representación del gobierno del presidente Javier Milei, entre otras sedes.

Por esta zona de Brasilia donde el tránsito es fluido, característica reforzada desde el jueves, cuando comenzó un fin de semana largo, el “reo” estaba en condiciones de llegar en apenas “15 minutos” a alguna embajada dispuesta a acogerlo, se señala en la resolución que ordenó su arresto inmediato, firmada por el juez Alexandre de Moraes.

La alerta sobre un desperfecto en la tobillera fue detectado poco después de la cero hora del sábado, por el Centro de Monitoreo Electrónico policial. A la una de la mañana varios agentes ingresaron a la residencia del expresidente donde éste confesó haber usado “un hierro caliente de un soldador” para violentar el equipamiento a través del cual era vigilado desde que se encontraba en arresto domiciliario.

A las seis y media de la mañana Bolsonaro llegó en un vehículo policial con otros cuatro escoltándolo a la Superintendencia da la Policía Federal, para cumplir la cautelar en una celda bastante confortable, dotada de aire acondicionado y frigobar.

Para preservarlo, el juez determinó que se impida que la prensa lo capte al salir de su casa y al ingresar al lugar de arresto. Todo lo contrario ocurrió con Lula, en 2018, al ser preso en el marco de la - luego demostrada- fraudulenta causa Lava Jato.

La celeridad del operativo se explica en el “alto riesgo” de que el condenado a 27 años y tres meses de prisión, pudiera burlar el anillo de policías que rodeaban su costosa vivienda. Justo Bolsonaro que es el primer militar de los muchos que atentaron contra el estado de derecho en ser procesado y condenado por ese tipo de delitos.

La voz temblorosa de Bolsonaro al ser indagado por una mujer policía sobre las circunstancias en que fundió la carcaza de la tobillera nos describen a un persona aparentemente en pánico ante la inminencia de la prisión que ocurriría pocas horas después.

Pero al mismo tiempo esas respuestas entrecortadas, inseguras, tan contrastantes con sus modales otrora autoritarios, también parecen describir la perplejidad de un mitómano, que soñó con implantar una dictadura, seguro de que los militares estaban destinados a ser eternamente impunes. Impunidad que estos primeros casi dos días preso, al parecer, quedó en el pasado.

Dos videos hicieron furor en las redes sociales este fin de semana: el que registró a un Bolsonaro empequeñecido ante las preguntas de la mujer policía y otro registrado en 2021 ante una multitud reunida en San Pablo, el entonces presidente amenaza al juez “canalla” de Alexandre Moraes y promete que “yo nunca voy a ser preso”.

Moraes demostró, en su dictamen, ser un profundo conocedor del modo de actuar de  Bolsonaro. “Recuerdo que el reo planeó fugarse a la Embajada de Argentina por medio de una solicitud de pedido de asilo político”, escribió el juez este sábado.

Se refiere al documento descubierto en el celular del líder derechista a comienzos del año pasado, a poco de su regreso de Argentina, donde el 10 de diciembre de 2023 estuvo junto a sus hijos, el senador Flavio y el diputado Eduardo, en la ceremonia de toma de posesión de Milei en Buenos Aires.

Esa solicitud de refugio, de 33 páginas, fue actualizada por última vez en febrero del año pasado según los metadatos obtenidos por la policía.

Uno de los abogados de Bolsonaro dio a entender que la primera versión de ese texto o la idea de asilarse en Argentina, ya estaba en la mesa de trabajo de los Bolsonaro (es decir el clan político-familiar) antes de la visita a Milei, que se prolongaría por varios días, en los que hubo reuniones públicas y otras realizadas , a espaldas de la prensa, para aceitar articulaciones políticas y otras tal vez ilegales.

Resultado de esos presuntos acuerdos, fue el arribo a Argentina de cientos de golpistas que, como intentó hacer sin suerte Bolsonaro este fin de semana, rompieron sus tobilleras para incumplir sus condenas.

Si la posibilidad de que Bolsonaro se deshaga de su control electrónico para asilarse en Argentina preocupa al Supremo, la alarma es todavía mayor ante la hipótesis de que pueda penetrar en los jardines de la embajada de los Estados Unidos, y hacer de ese inmenso predio, su trinchera para la propaganda y la desestabilización.

Lo mismo se aplica para el gobierno del Partido de los Trabajadores, que no puede permitirse bajo ninguna hipótesis, que su máximo enemigo se aloje en territorio “gringo”, justo cuando están restableciéndose las relaciones entre Lula y Donald Trump.

El deshielo entre  Brasil y Estados Unidos  quedó sacramentado durante la reunión realizada hace un mes en Malasia, al margen de la cumbre de los países del Sudeste Asiático. A partir de entonces fueron eliminadas algunas de las tarifas impuestas a las exportaciones brasileñas como represalia al juicio contra Bolsonaro, sin que hayan sido eliminadas hasta ahora las sanciones contra el juez Moraes y otros miembros del Supremo.

La prisión del exmilitar responsable por el intento de glope de estado de 2023 fue repudiada este fin de semana desde el Departamento de Estado, cuyo responsable, Marco Rubio, representa el sector menos dispuesto a la reconciliación con la administración brasileña. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, manifestó su “preocupación” frente al arresto, que desde su punto de vista fue un atropello a la democracia.

De acuerdo con el representante de Trump y el secretario Rubio esta medida confirma al magistrado Moraes, contra quien Washington aplicó la Ley Magntisky (sanción que mantiene en vigor a pesar del acercamiento con el Planalto) como un “violador de los derechos humanos”.

Otro personaje que, con una retórica parecida a la subsecretario Landau, amenazó al juez Moraes fue el senador Flavio Bolsonaro, hijo de Jair.

Afirmó que si su padre muriera en prisión, la responsabilidad caerá sobre el juez, y llamó a la militancia de su campo político a realizar una vigilia “invocando al Señor de los Ejércitos” contra los corruptos que acabaron la democracia brasileña.

El llamamiento resultó ser un fiasco: apenas un centenar de personas se reunió en la noche del sábado frente a la casa de donde el ex presidente había sido retirado horas antes por la policía. Demostrando que la razzia policial sorprendió a los Bolsonaro con la guardia baja, Flavio trató de minimizar el impacto del video en que su padre reconoce haber averiado la tobillera, utilizando un argumento pueril. Dijo que Jair lo hizo porque recibió la visita de parientes y se sintió avergonzado de llevar el adminículo en la pantorrilla izquierda.

Ayer, en la primera audiencia con el Supremo, Jair y sus abogados usaron un pretexto más elaborado para explicar por qué la tobillera fue parcialmente derretida entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Aseguraron que el condenado sufrió una “alucinación” producto de los medicamentos prescriptos recientemente por sus doctores.

La jueza subrogante escuchó con paciencia esa versión de los hechos, y mantuvo en pie la prisión decretada por Moraes, para quien todo se resume a tres palabras: intento de fuga.