EE.UU. lleva a leyes sus fobias contra China
Una treintena de estados presentaron, y algunos ya aprobaron, medidas contra las empresas del gigante asiático y personas de ese origen, aunque residan en territorio norteamericano.
En Estados Unidos, legisladores de al menos 33 estados presentaron proyectos de leyes para prohibir a entidades chinas, e incluso a ciudadanos originarios de ese país, comprar tierras agrícolas o propiedades cercanas a bases militares.
Alrededor de una docena de esas propuestas se convirtieron en ley, incluida la polémica SB 264, promulgada en mayo por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la cual entró en vigor el pasado 1 de julio.
Aunque la mayoría de esas legislaciones o proyectos también mencionan a países como Irán y la República Popular Democrática de Corea, China es el principal objetivo, comentó la agencia Prensa Latina.
Tales restricciones alimentan la discriminación contra las personas de origen asiático, afirman organizaciones de defensa de los derechos humanos y líderes políticos contrarios a la confrontación con la nación asiática, alta emisora de productos hacia los mercados norteamericanos.
En el caso de SB 264, la iniciativa racista fue impugnada por un grupo de ciudadanos chinos residentes en el sureño estado, quienes alegaron una violación de la Ley de Vivienda Justa.
Aunque la solicitud está sostenida por cláusulas esenciales de la Constitución, el juez federal Allen Winsor la rechazó, y respaldó la vigencia de la ley mientras el caso sea ventilado en los tribunales, según reportó el diario The Washington Post.
Otra ley, el mismo fin
Las relaciones entre Estados Unidos y China son cada vez más tensas, tanto en el plano económico como en el político, pues la Casa Blanca considera a Beijing su más fuerte rival en ambos escenarios.
Por su parte, China reclamó en varias oportunidades ante los organismos internacionales el boicot estadounidense a sus productos, sobre todo los de tecnología de telecomuncaciones, y repudió la actitud injerencista en sus asuntos internos, como la disputa con la provincia rebelde de Taiwán.
En ese contexto, el gobierno de Joe Biden aprobó este miércoles por primera vez una ayuda militar directa a la isla asiática por valor de 80 millones de dólares, en el marco de un programa de asistencia dirigido a gobiernos extranjeros.
LEA TAMBIÉN: Fiebre de guerra: ¿Taiwán después de Ucrania?
Según fuentes oficiales, ese paquete no implica un reconocimiento formal de su soberanía, pero está avalado por la Ley de Relaciones con Taiwán, la cual establece el suministro de armas para su autodefensa a la "democracia autónoma" como forma de manter el "equilibrio" de fuerzas en el sudeste asiático.
En numerosas ocasiones, el Departamiento de Estado autorizó la venta de equipamiento bélico a las autoridades taiwanesas, pero esta es la primera entrega en calidad de ayuda, libre de costo aparente.