La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, deploró el rechazo en la Cámara de Diputados a un Proyecto de ley para penalizar los delitos sexuales contra menores de edad.

La propuesta jurídica, titulada "Lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes", fue rechazada por 54 legisladores y apoyada por 44, en una sesión caracterizada por el desorden.

Según Prada, el daño no lo hicieron al Gobierno Nacional: perjudicaron a las víctimas de una de las mayores aberraciones que se pueden cometer contra su integridad física y sicológica.

Como explicó la titular, el proyecto buscaba la condena de los malhechores, eliminar la impunidad y la posibilidad de proscribir el delito.

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También pretendía aumentar la penalización para quienes sean cómplices de estos actos contra el normal desarrollo de los menores, así como la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes y hacer justicia, una petición reiterada de numerosas víctimas.

La ministra prometió dar continuidad a los trabajos en proyectos de normas y políticas de protección a la niñez, y elogió a aquellos legisladores a favor de la iniciativa.

Faltó voluntad de priorizar a los infantes, lamentó la alta funcionaria: muchos priorizaron sus intereses políticos y actuaron según un pacto que opera en la Asamblea Legislativa para dañar al Gobierno nacional.

Reconoció además que la actitud de muchos asambleístas de la oposición no le sorprendió, pero no esperaba algo así de los representantes del Movimiento al Socialismo, quienes deberían tener principios, valores y compromiso con los sectores más vulnerables.

Quienes votaron en contra no establecieron objeciones al contenido de la normativa, solo condicionaron que para aprobarla debía ser antes separado de la Asamblea Legislativa Plurinacional el diputado oficialista Juan José Jáuregui, investigado por un presunto delito sexual.

De acuerdo con la autoridad, en 2022 Bolivia registró dos mil 718 casos de violación en el país, y hasta agosto del año en curso suman mil 745. En ambos casos, cerca del 50 por ciento fueron contra menores de edad.