El número de detenidos administrativos palestinos llegó a más de tres mil 500, la cifra más alta jamás registrada en la historia del movimiento cautivo, pues cubre el 38 por ciento del total de detenidos en las cárceles de "Israel".

Según denunció el Centro Palestino de Estudios sobre Prisioneros, durante el año 2023 las autoridades de la ocupación intensificaron la emisión de órdenes de detención administrativa contra ciudadanos palestinos, en especial los cuatro meses después del 7 de octubre pasado, cuando ejecutaron la mitad de las cinco mil decisiones administrativas del período.

Desde el inicio de la agresión criminal en curso contra la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes llevaron a cabo intensas y generalizadas campañas de detenciones en las ciudades de Cisjordania y la Jerusalén ocupada, dirigidas a miles de personas, la mayoría de ellos detenidos sin cargos, con el proósito de frenar cualquier movimiento de solidaridad con Gaza, explicó el Centro.

En este sentido, añadió que con tales faltas de cargos, los tribunales sionistas recurrieron a dictar órdenes de detención administrativa contra ellos, lo cual aumentó el número de esos casos en las prisiones a una velocidad sin precedentes.

Las órdenes administrativas afectaron a todos los segmentos de detenidos, incluidos niños, mujeres, periodistas, exprisioneros, activistas y ancianos, apuntó.

El informe detalló que entre las 11 mujeres en esta situación está la activista cautiva Khalida Jarrar. Además hay 40 niños y 21 periodistas y varios representantes del Consejo Legislativo palestino.

También acusó a la ocupación de utilizar la detención administrativa como política de castigo colectivo contra el pueblo, sin tener en cuenta las advertencias del derecho internacional para limitar su uso en un marco muy estrecho y con condiciones restrictivas.

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De acuerdo con el comunicado, se trata de una continuación de la guerra emprendida por "Israel" contra la Franja de Gaza, con el objetivo de impedir cualquier actividad hostil a sus intereses en Cisjordania.

El Centro consideró la detención administrativa una política arbitraria para desgastar las vidas de los palestinos tras las rejas, sin apoyo legal.

Solo el servicio de Inteligencia gestiona esos expedientes basados en supuestas acusaciones secretas. Además priva a los detenidos de su derecho a defenderse y de las garantías mínimas de un juicio justo.

En paralelo con la intensificación de la emisión de órdenes administrativas, la ocupación comenzó a aplicar la ley de combatientes ilegales a cientos de detenidos de la Franja de Gaza, ciudadanos secuestrados durante la bárbara invasión terrestre.

Los arrestos en Gaza superaron los cuatro mil, muchos de los cuales fueron liberados después de interrogatorios de horas o días en duras condiciones, pues todos fueron sometidos a torturas y humillaciones, al punto de provocar fracturas, contusiones y heridas diversas.

Si bien la ocupación mantiene alrededor de mil civiles de la Franja (incluidos mujeres y niños) clasificó a más de 660 de ellos como combatientes ilegales, lo cual le ampara para no liberarlos.

Esto se suma a los casos de ejecuciones sobre el terreno de cientos de ciudadanos desarmados, disparándoles de manera intencional después de arrestarlos.

"Tel Aviv" niega dar información real sobre los detenidos de Gaza en sus prisiones y campos, ya sea sobre su cantidad o sus condiciones de salud y vida, y comete contra ellos el delito de desaparición forzada.

El número total de prisioneros de Cisjordania y Jerusalén en las cárceles de ocupación a finales de enero llegó a nueve mil, incluidas unas 70 mujeres en la prisión de Damoun y más de 200 niños.