Europa compra productos procedentes del territorio palestino ocupado
Según denunció el sitio web estadounidense The Intercept, la acción contradice el fallo de la Corte Internacional de Justicia que exige a los países poner fin a todo apoyo a la ocupación ilegal israelí de Palestina, incluidas Cisjordania y la Franja de Gaza.
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La Unión Europea no respeta la prohibición de la importación y venta de productos elaborados en los asentamientos ilegales en la Palestina ocupada.
La Unión Europea no respeta la prohibición impuesta a los productos procedentes de los asentamientos establecidos ilegalmente en los territorios palestinos ocupados desde 1967.
Según confirmó el sitio web estadounidense The Intercept, la acción contradice el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que exige a los países poner fin a todo apoyo a la ocupación ilegal israelí de Palestina, incluidas Cisjordania y la Franja de Gaza.
El 19 de julio de 2024, el máximo tribunal internacional declaró que “la ocupación israelí de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Al Quds (Jerusalén) Oriental, es ilegal, al igual que el régimen de asentamientos asociado, la anexión de tierras y la explotación de recursos naturales”.
La CIJ obligó a “Israel” a poner fin a su ocupación, desmantelar sus asentamientos, proporcionar compensación completa a las víctimas palestinas y facilitar el regreso de los desplazados.
Además, llamó a todos los países a no reconocer la situación jurídica derivada de la presencia ilegal de Israel en los territorios ocupados.
En respuesta, el director del Departamento Jurídico del Servicio Exterior de la UE, Frank Hofmeister, señaló en un memorando de siete páginas que la prohibición de la importación y venta de productos de los asentamientos aún está en discusión.
Igualmente, alegó, las legislaciones europeas exigen que el etiquetado indique si los alimentos provienen de Cisjordania y de los asentamientos.
El asesoramiento legal, publicado por The Intercept, fue enviado al jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, el 22 de julio, tres días después de que la Corte Internacional de Justicia dictaminara que los estados no deben “brindar asistencia o ayudar a mantener” la ocupación ilegal israelí.
