"Israel" intensifica detención administrativa contra palestinos
La instituciones de prisioneros palestinos emitieron una declaración conjunta sobre la escalada sin precedentes del delito de detención administrativa llevado a cabo por las autoridades israelíes.
La Autoridad de Asuntos de Prisioneros y ExPrisioneros y el Club de Prisioneros Palestinos informaron en una declaración conjunta que “el delito de detención administrativa está en una escalada continua, sin precedentes históricos”.
“Desde el comienzo de la guerra de genocidio, la ocupación emitió más de nueve mil 500 órdenes de detención administrativa, entre órdenes nuevas y de renovación”, señaló.
“Según los últimos datos disponibles sobre el número de detenidos administrativos en las cárceles de la ocupación hasta principios de octubre, existen no menos de tres mil 398 detenidos administrativos, mientras que el número de prisioneras es 30”, detalló.
Además hay unos 90 niños detenidos administrativos, incluido un niño de 14 años, Ammar Abdel Karim.
De esta forma, "el número de detenidos administrativos en las prisiones de la ocupación constituye el 33 por ciento del total de prisioneros y detenidos a nuestra disposición”.
“Los enormes cambios en el número de detenidos administrativos dependen principalmente del nivel de campañas de arresto en Cisjordania, incluida Al Quds (Jerusalén) ocupada, que sumaron más de 11 mil 500 arrestos, de todas las categorías”, indicó.
El comunicado explicó que la Autoridad de Prisioneros y del Club de Prisioneros Palestinos dieron seguimiento al “nivel de delitos sistemáticos asociados con las campañas de detención, incluidas las operaciones de detención administrativa”.
“Durante las operaciones de detención, algunos detenidos fueron sometidos a intentos de ejecución y liquidación, al dispararles de forma directa en sus casas y antes de su arresto”, denunció.
La declaración conjunta recordó los casos de algunos detenidos, entre ellos Saleh Hassouna de Jalazoun y Yaqoub Al-Hawarin de Hebrón quienes “estuvieron expuestos a disparos directos, sufrieron heridas graves y permanecieron en hospitales de la ocupación después de su arresto, para luego ser trasladados a detención administrativa”.
Al respecto, agregó que “la calidad de los detenidos administrativos indica, de una manera sin precedentes, detenciones arbitrarias y demenciales".
Su objetivo, añadió, es "socavar cualquier papel efectivo en todos los niveles, incluidos el social, político y cognitivo, además de imponer más control y supervisión sobre los ciudadanos”.
Como ejemplo de operaciones de detención administrativa, mencionó casos de detención entre estudiantes, periodistas, activistas y otros grupos.
De acuerdo con lo divulgado, “la inteligencia de la ocupación intensificó recientemente el traslado de varios detenidos cuyas sentencias expiraron a detención administrativa”.
También “emitió órdenes de detención administrativa contra prisioneros liberados bajo garantías financieras y condiciones específicas, o sin condiciones”.
En este contexto, la Comisión y el Club revisaron en el comunicado varios datos importantes sobre el seguimiento de los detenidos administrativos en los tribunales militares.
Los tribunales militares de la ocupación son una estructura esencial para consolidar los crímenes de la entidad, incluido el delito de arresto, indicaron.
A su vez, dijo que trata de cumplir con el deseo de los propios detenidos ante la intensidad sin precedentes de torturas, abusos y crímenes a los que están expuestos, además del deseo de sus familiares que fueron privados de visitas y de comunicación con sus hijos.
“Continuamos dando seguimiento a los expedientes de los detenidos administrativos con el objetivo de mantener la comunicación entre el abogado y el detenido a la luz de las grandes dificultades impuestas por la administración penitenciaria de ocupación israelí, además de la escalada en el número de arrestos”, prometió.
En esa línea, las instituciones de prisioneros palestinos subrayaron “la necesidad de adoptar una posición nacional amplia e integral para boicotear progresivamente las disposiciones de la ocupación, concretamente en el expediente de detención administrativa”.
Argumentaron que esto plantea “peligrosas dimensiones estratégicas nacionales para el destino de la cuestión de la causa de los prisioneros”.