Venezuela rechaza enérgicamente nuevas medidas coercitivas de EE. UU.
Las ilegales medidas "buscan dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana", denunció Caracas en un comunicado.
Venezuela rechazó la imposición de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra integrantes del Gobierno Bolivariano y de los Poderes Públicos.
Estas políticas ilegales buscan dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana, para prolongar así su fracasada política de cambio de régimen, expresa un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Los funcionarios señalados salvaguardan la paz, la estabilidad, la recuperación económica y la unidad nacional ante la violencia fascista diseñada, financiada y promovida desde Washington, contra la voluntad democrática del pueblo venezolano, describe el documento.
Caracas indica que estas agresiones desde la Casa Blanca “son un acto desesperado de un gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país”.
Resalta asimismo que, frente a estas agresiones, y a cuatro meses del triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio, donde obtuvo el 51,9 por ciento de los votos, “el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso inquebrantable de seguir consolidando su modelo democrático participativo y protagónico, y fortaleciendo su economía en medio de las impunes agresiones constantes”.
“El pueblo de Bolívar y Chávez jamás podrá ser doblegado”, añade el texto.
El miércoles, el Departamento del Tesoro impuso medidas coercitivas contra 21 funcionarios de seguridad de Venezuela, así como a la presidenta de la Marca País, Daniella Cabello; al ministro del Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; al viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo y al vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez.
Washington también incluyó en su lista al ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez; al titular de Servicios Penitenciarios Julio Zerpa, y a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, América Pérez.
Hasta el momento, sobre Venezuela pesan 947 medidas coercitivas mal llamadas “sanciones” y dirigidas en su mayoría al sector petrolero.
Esa política constituye un feroz bloqueo que le impiden al país la venta libre de crudo y la compra de insumos necesarios para la población.