Cuba denuncia atropellos de la nueva administración de EE. UU.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba hizo pública una declaración de condena al anuncio emitido este viernes por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para encargar al Congreso la revocación de medidas favorables a Cuba.
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Embajada de Estados Unidos en Cuba.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba hizo pública una declaración de condena al anuncio emitido este viernes por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para encargar al Congreso la revocación de medidas favorables a Cuba.
"No son acciones inesperadas. Son pasos que faltaban para deshacer las decisiones tardías, aunque positivas, dadas a conocer por el presidente Joseph Biden, el 14 de enero pasado", precisó el mensaje diplomático cubano.
Una de esas decisiones fue la suspensión de la posibilidad de presentar en tribunales estadounidenses demandas judiciales, a tenor del título III de la Ley Helms-Burton.
También aprobó la restitución de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, la cual incluye a entidades o personas en EE. UU. a quienes prohibe realizar transacciones, so pena de ser multadas y sus activos congelados. De hecho, informó la decisión de añadir a esa lista a la empresa cubana procesadora de remesas, Orbit S.A.
Según el comunicado, este anuncio puede ser la antesala de la implementación de otras medidas, diseñadas desde 2017 por el equipo a cargo del tema Cuba en el gobierno de Donald Trump para endurecer aún más, de manera gratuita e irresponsable, el cerco contra la isla caribeña.
El propósito de estas acciones, destinado a crear nuevos y evitables escenarios de deterioro y confrontación bilateral, es intimidar a inversionistas extranjeros y evitar su contribución al desarrollo económico de Cuba y el bienestar de los cubanos, mediante la amenaza expresa de ser demandados en cortes estadounidenses, aseveró el texto diplomático.
Además detalló cómo busca "cerrar todas las fuentes de ingresos externos a la economía cubana en su conjunto; sabotear criminalmente la capacidad de todos los actores económicos, públicos y privados, de proveer bienes y servicios".
Tales ajustes deteriorarán aún más los niveles de vida de la población afectada por el bloqueo y las medidas adicionales impuestas durante el primer mandato de Trump, destinadas a crear irritación social, desestabilizar el país y derrocar la Revolución con fines de dominación y escarmiento.
Como resaltó el comunicado, las medidas van acompañadas de operaciones comunicacionales de desinformación y descrédito, y una poderosa maquinaria de manipulación en plataformas digitales, cuyo fin es responsabilizar al gobierno revolucionario del impacto del cerco criminal norteamericano.
De ese modo, el mundo y el pueblo de Cuba no reconocerán a sus verdugos, a quienes anima el compromiso contraído con familias reaccionarias y grupos especiales de interés, sobre todo en Florida, únicos beneficiados con el bloqueo a Cuba, a costa del sacrificio del bienestar y hasta del sustento del pueblo cubano.
Estos políticos de hoy, son los mismos arquitectos de las decenas de medidas adicionales al bloqueo que se pusieron en vigor entre los años 2017 y 2021, enfatizó la declaración.
Según recordó el mensaje, desde la aprobación de la Ley Helms-Burton en 1996 y hasta 2019, todos los presidentes estadounidenses, incluido Trump en los dos primeros años de su mandato anterior, usaron la facultad ejecutiva de suspender la aplicación del título III cada seis meses, lo cual contraviene el Derecho Internacional y la soberanía de otros Estados.
El ministerio cubano advirtió que tal conducta generaría obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las reclamaciones y compensaciones a los estadounidenses cuyas propiedades fueron legítimamente nacionalizadas al triunfo de la Revolución.
Desde 2019, el gobierno presentó alrededor de 45 demandas en las cortes del país norteño contra compañías estadounidenses, y estas debieron emplear dinero, tiempo y energía para defenderse de una "aberración jurídica", incluso anticonstitucional, en la cual involucran, por ejemplo, a propietarios que no eran ciudadanos de los Estados Unidos durante las nacionalizaciones en Cuba, y cuyas supuestas propiedades nadie certificó.
No se trata de medidas vinculadas al interés nacional de los Estados Unidos, ni reflejan los deseos de gran parte de la comunidad empresarial en ese país, interesada en participar en la economía cubana, acotó además la cancillería de la isla.
Son "deseos trasnochados de reconquista de los herederos políticos del dictador Fulgencio Batista", y prueban la naturaleza corrupta del gobierno estadounidense, cuyo objetivo es asfixiar a Cuba y forzar a su pueblo a renunciar a las prerrogativas soberanas, "cuya conquista ha costado tantos años, esfuerzos y vidas".
Con la reactivación del título III, se completa nuevamente la aplicación en su totalidad de la Ley Helms Burton, distinguida por su extremo alcance extraterritorial, por ser violatoria de las normas y principios del Derecho Internacional, contravenir las reglas del comercio y las relaciones económicas internacionales y por ser lesiva a la soberanía de otros Estados, principalmente por la afectación de sus disposiciones a compañías y personas establecidas en el territorio de estos.
Esta ley recibió el rechazo amplio, sostenido y casi unánime de la comunidad internacional, y llevó a varios países a redactar sus leyes nacionales para enfrentar los efectos extraterritoriales, recordó el mensaje.
Asimismo, trajo a colación la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Ley No. 80) y las sentencias del Tribunal Popular Provincial de La Habana (en los años 1999 y 2000), favorables a las demandas contra el Gobierno de los Estados Unidos por Daños Humanos y Daños económicos, y su mandato de reparar e indemnizar al pueblo cubano con 181 mil 100 millones de dólares en la primera y 121 mil millones de dólares en la segunda.
"Cuba ha reiterado la disposición de hallar una solución a las reclamaciones y compensaciones mutuas", puntualizó el documento publicado este sábado, con argumentos sobre los procesos de nacionalización ejecutados hace seis décadas, con estricto apego a la Constitución dle país y en conformidad con el Derecho Internacional.
Recordó cómo Washington se negó a considerar las justas compensaciones establecidas por La Habana, aunque el gobierno revolucionario honró acuerdos globales con otras naciones que hoy invierten en laa isla, como España, Suiza, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.
Asimismo, el gobierno cubano responsabilizó a la nueva administración republicana por las consecuencias inmediatas en todo el país de impedir a los emigrados cubanos enviar remesas y ayudar a sus familiares, sometidos al cerco económico recrudecido con la injusta y fraudulenta inclusión de Cuba en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.
"Cuba rechaza estas decisiones, de manera enérgica, firme y categórica. Las asume como un nuevo acto hostil y arrogante, y repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del comunicado del Departamento de Estado, plagado de mentiras para tratar de justificar lo injustificable".
Ante los falsos pretextos para tratar de justificar estos y futuros atropellos, el ministerio cubano reiteró su llamado a la comunidad internacional para detener la nueva y peligrosa arremetida contra su nación, y pidió el acompañamiento a su pueblo, que a pesar de este tipo de planes y medidas, calificadas en el texto de "asesinas y cobardes", no se pondrá de rodillas ni se someterá.
