Abogado propalestino denuncia perfil político en aduana de EE. UU.
El caso del abogado liban´-es-estadounidense Amir Makled expuso la aplicación en Estados Unidos de mecanismos de vigilancia selectiva contra críticos de la política exterior, con un 72 por ciento de afectados de origen árabe.
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El abogado libanés-estadounidense Amir Makled fue sometido a interrogatorio por más de tres horas.
El abogado libanés-estadounidense Amir Makled fue sometido a un perfil político en el aeropuerto de Detroit, Estados Unidos, tras ser identificado por el Equipo de Respuesta Táctica al Terrorismo (TTRT, por sus siglas en ingés).
Según Makled, su identidad árabe y labor legal lo convirtieron en un objetivo discriminatorio. El incidente ocurrió el 15 de marzo cuando regresaba de vacaciones familiares.
Documentos obtenidos por The Guardian revelaron la aparición de su nombre en una lista de alerta secundaria del Departamento de Seguridad Nacional, aunque nunca fue acusado de delitos.
En el registro, los agentes copiaron datos completos de su teléfono, incluido conversaciones con clientes protegidas por privilegio abogado-cliente.
Conforme a la Electronic Frontier Foundation, ese tipo de incautaciones en fronteras aumentó un 217 por ciento desde 2020, al aprovechar los vacíos legales en la "excepción fronteriza" a la Cuarta Enmienda.
Los agentes sometieron a Makled a un interrogatorio de más de tres horas, donde cuestionaron de manera específica su trabajo en defensa de activistas palestinos y su postura crítica hacia la política exterior de EE. UU.
Recientemente, Makled defendió a un estudiante arrestado en una manifestación propalestina en la Universidad de Michigan.
A su vez, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza negó las acusaciones y tachó el relato de Makled de "falso y sensacionalista".
Bajo el gobierno de Trump fueron registradas varias detenciones de estudiantes y revocaciones de visas vinculadas al activismo.
El caso de Makled refleja el aumento del escrutinio contra defensores de causas palestinas en EE. UU., donde grupos civiles alertan sobre la criminalización de la disidencia.
