Una demanda legal interpuesta por la organización de derechos humanos palestina Al-Haq busca detener la exportación de componentes militares desde el Reino Unido hacia "Israel".

El recurso judicial se presentó contra el Ministerio de Negocios y Comercio británico, acusado de permitir el suministro de piezas clave para los cazas F-35, empleados en los bombardeos sobre Gaza, informó el Financial Times.

Londres cuenta con un equipo legal encabezado por James Eadie KC, quien sostiene su decisión de no suspender todas las licencias de exportación de armas pues es una acción legal y justificada.

Sin embargo, los demandantes alegan que esta política contradice las obligaciones legales internacionales del Reino Unido, incluido su deber de prevenir el genocidio.

Revisión judicial inicia esta semana

La revisión judicial del caso comenzará este martes. En los documentos presentados, el Ministerio argumenta que excluir los componentes del caza F-35 afectaría la seguridad internacional, incluyendo la de la OTAN.

Además, advierte que una suspensión pondría en riesgo el desarrollo del programa F-35 y con ello la estabilidad global.

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Los abogados del gobierno también sostienen que su responsabilidad internacional está sujeta al “conocimiento efectivo” de que podrían cometerse violaciones graves al derecho humanitario.

Aunque admiten un “riesgo claro” de que "Israel" incurra en tales violaciones, consideran que no alcanza el umbral legal requerido para suspender exportaciones.

Activistas alegan incumplimiento del deber de prevención

El equipo legal de los demandantes, integrado por Philippa Kaufman y Reza Hussain, refuta esa postura. Según sus argumentos, el deber de prevenir genocidio se activa ante un “riesgo serio”, sin necesidad de que se haya producido aún la violación.

Señalan que la lógica del gobierno británico al excluir los componentes del caza F-35 es “defectuosa e ilógica”.

El Financial Times también citó a un portavoz oficial, quien declaró que el gobierno británico mantiene su compromiso con las leyes nacionales e internacionales, aunque evitó profundizar debido a que los procedimientos legales aún están en curso.

Desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza en octubre de 2023, múltiples organizaciones humanitarias han denunciado el uso de armamento fabricado o provisto por aliados occidentales.

La implicación de empresas y gobiernos en la cadena de suministro de armas ha sido objeto de creciente escrutinio judicial y mediático.