Trump promete levantar sanciones a Siria, pero enfrenta límite legal
El presidente de Estados Unidos puede anular órdenes ejecutivas, pero necesita al Congreso para desmontar la Ley César y otras restricciones clave.
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El presidente Donald Trump saluda a su homólogo interino de Siria, Ahmed Al-Sharaa, en Riad, Arabia Saudita. Foto: AFP
La promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de levantar las sanciones contra Siria enfrenta importantes barreras legislativas.
Según el informe de Al-Monitor, al menos ocho sanciones actuales pueden ser revocadas por el Ejecutivo.
No obstante, otras medidas más severas, como las contenidas en la Ley César de 2019, exigen una votación del Congreso como exige la legislación federal.
#Video | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión con el mandatario transicional sirio, Ahmad Al-Sharaa (Al-Golani) en Riad, un día después de anunciar el fin de las sanciones económicas contra Siria.
— Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) May 14, 2025
La reunión tuvo lugar en el marco de la primera… pic.twitter.com/jShCXRd30d
La Ley César, el principal obstáculo
Esa normativa impone sanciones secundarias a empresas e individuos vinculados a la reconstrucción de Siria o con figuras del régimen de Bashar al-Assad.
También impide transacciones financieras internacionales, lo cual bloquea el acceso sirio a mecanismos globales de crédito e inversión.
Estados Unidos clasificó a Siria como “Estado patrocinador del terrorismo” desde 1979. Para eliminar esa designación, la ley exige una certificación presidencial, un informe y revisión parlamentaria.
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Al menos, ese estatus impide el otorgamiento de ayuda y la venta de armas, además de prohibe préstamos de organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
De acuerdo con el analista del Instituto Washington, Matthew Levitt, el obstáculo más grave es la clasificación como Estado terrorista y la sanción al Banco Central sirio, bloqueado desde 2011.
Tensiones políticas internas
Aunque Trump cuenta con poder ejecutivo para revertir algunas sanciones, necesitará apoyo político más amplio para reformar el entramado legislativo.
Conforme a Levitt, existe voluntad bipartidista para revisar la política actual. Algunos republicanos respaldarían la decisión presidencial, mientras sectores demócratas preferirían modificaciones parciales al régimen de sanciones en lugar de su eliminación total.
Una carta enviada por la senadora Elizabeth Warren y el congresista Joe Wilson al secretario de Estado, Marco Rubio, y al del Tesoro, Scott Pezent, instó a revisar las sanciones y las calificó de obsoletas y alertó sobre el impacto negativo en los esfuerzos de estabilización.
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La iniciativa fue respaldada por los congresistas Marlin Stutzman y Cory Mills, quienes visitaron Damasco en abril y dialogaron con Al-Sharaa.
Aquella visita, aunque no oficial, evidenció un sector del Congreso dispuesto a explorar una nueva relación diplomática con Siria.
Divisiones dentro del círculo presidencial
No todos en la administración de Trump comparten su postura. El asesor de la Casa Blanca, Sebastian Gorka, comparó al nuevo gobierno sirio con el grupo terrorista Daesh.
Por su parte, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, criticó los acercamientos con figuras sirias y denunció la minimización a extremistas bajo el pretexto de llamarlos ‘rebeldes’.
Estas tensiones internas reflejaron la complejidad política de un posible levantamiento de sanciones, el cual involucra intereses de seguridad, alianzas internacionales y diferencias ideológicas dentro del propio gabinete presidencial.
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Distintas administraciones estadounidenses mantuvieron una política de sanciones severas contra Siria desde el inicio del conflicto en 2011, con el objetivo de aislar al gobierno de Damasco y condicionar su reinserción en el sistema internacional.
La Ley César, adoptada en 2019, es considerada una de las herramientas más contundentes para impedir la reconstrucción del país mientras persista un régimen considerado represivo y aliado de Irán y Rusia.