Túnez dicta condenas de hasta 35 años de cárcel contra opositores
La justicia de Túnez condena a líderes opositores por terrorismo y conspiración. Contra el líder del Movimiento Ennahda, Rached Ghannouchi, dictaron una de las más largas condenas.
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El ex presidente del Parlamento y líder del Movimiento Ennahda, Rached Ghannouchi, condenado a 35 años de prisión.
La justicia de Túnez tunecina impuso nuevas condenas de 12 a 35 años de prisión contra líderes opositores, incluidos Rached Ghannouchi, expresidente del Parlamento y jefe del movimiento islamista Ennahda, en el marco del caso conocido como “Conspiración contra la seguridad del Estado 2”.
Según un comunicado de Ennahda, el tribunal sentenció a Ghannouchi a 14 años de cárcel, aunque el dirigente rechazó asistir al juicio, al que calificó de “político”.
Las acusaciones lo vinculan con la creación de un aparato de seguridad secreto dentro del movimiento, en colaboración con otros líderes y militares retirados.
Sentencias en rebeldía y cargos de terrorismo
La corte también dictó fallos en ausencia contra la exjefa del gabinete presidencial, Nadia Akacha, y el exministro de Exteriores y yerno de Ghannouchi, Rafik Abdessalem, quienes recibieron 35 años de prisión cada uno, al encontrarse fuera del país.
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Los jueces los declararon culpables de “conspirar contra la seguridad interior del Estado” y de “formar una organización relacionada con actos terroristas”, dos de los delitos más severos del código penal tunecino.
En febrero pasado, Ghannouchi recibió 22 años de prisión en otra causa. La nueva condena refuerza las críticas de la oposición, que denuncia una represión judicial sistemática desde el ascenso del presidente Kais Saied, quien concentró poderes desde 2021 tras disolver el Parlamento.
Escalada represiva contra líderes opositores
La sentencia de este martes se suma a una larga lista de condenas contra figuras destacadas de la oposición.
En junio, la justicia condenó en rebeldía al expresidente Moncef Marzouki a 22 años de cárcel por presuntos delitos contra la seguridad del Estado.
Pocos días antes, contra la líder del Partido Desturiano Libre, Abir Moussi, ordenaron dos años de prisión por criticar a la Alta Autoridad Electoral, según confirmó su abogado.
Estas decisiones generan preocupación internacional sobre el estado de las libertades públicas y el deterioro democrático en Túnez, donde organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian la persecución judicial contra voces disidentes.
Desde 2021, Kais Saied impulsa reformas unilaterales y referendos constitucionales que debilitan el sistema parlamentario instaurado tras la Revolución de 2011.
Grupos opositores acusan al presidente de conducir al país hacia un autoritarismo de facto, blindado por una justicia cada vez más alineada con el Ejecutivo.
Diversos partidos, incluidas formaciones laicas y islamistas, rechazan la campaña judicial de intimidación, que busca neutralizar a toda figura opositora de peso, incluidos exministros, parlamentarios y activistas civiles.