La reciente aprobación de la reelección presidencial indefinida en El Salvador encendió las alarmas dentro y fuera del país, al consolidar lo que los críticos describen como un giro autoritario que desmantela las garantías democráticas.

Con el respaldo de una Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, el presidente Nayib Bukele podrá mantenerse en el poder sin límite de mandatos, tras una reforma exprés que también elimina la segunda vuelta electoral y extiende el mandato presidencial de cinco a seis años. 

Los cambios proponen que el mandato actual de Bukele, originalmente previsto para concluir en 2029, finalice en 2027.

Este ajuste armonizaría las elecciones presidenciales y legislativas, y permitiría al presidente optar por un nuevo mandato, ahora más largo, dos años antes de lo previsto.

Dichas reformas, presentadas por la diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa, modifican cinco artículos clave de la Constitución, y la votación fue aprobada con 57 votos a favor y solo tres en contra, sin un debate sustancial previo.

Retroceso democrático

Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos calificaron la decisión como un "golpe mortal" a la democracia.

También denunciaron que se trata de una “manipulación” constitucional orientada a favorecer las ambiciones de poder de Bukele.

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Advirtieron que estas enmiendas forman parte de una estrategia para perpetuar el control absoluto del Ejecutivo sobre el Estado salvadoreño.

Señalaron que esta medida se suma a otras acciones autoritarias, como el uso prolongado del régimen de excepción, las detenciones masivas sin orden judicial, y la represión contra periodistas y activistas.

Bukele minimiza las críticas

Mientras tanto, el presidente salvadoreño rechazó que la aprobación de la reelección indefinida represente el “fin de la democracia”.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Bukele afirmó que las críticas se deben a que la decisión fue tomada por un país “pequeño y pobre”.

"Un 90 por ciento de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno y nadie se inmuta", reaccionó. 

Bukele argumentó: "Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia".

Consolidación autoritaria

La maniobra legislativa surge tras un controvertido fallo de 2021 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, cuyos magistrados acababan de ser reemplazados por aliados de Bukele en la Asamblea.

Este fallo levantó la prohibición constitucional de la reelección consecutiva, allanando el camino para que Bukele se presentara nuevamente en las elecciones de 2024, las cuales ganó por amplia mayoría.

Desde ese cambio de poder, el presidente salvadoreño consolidó progresivamente el control en todos los poderes del gobierno.

Además de destituir a los principales jueces y al fiscal general, su partido aprobó leyes que redujeron el número de escaños en la Asamblea y de municipios, rediseñando el mapa electoral a su favor.

Los críticos advierten que estas reformas, en conjunto, erosionan los últimos controles significativos sobre el poder ejecutivo, dejando a la democracia salvadoreña en una situación cada vez más frágil.